Bomberos voluntarios de todo el país se declararon en estado de alerta y afirmaron que el gobierno nacional les adeuda alrededor de 800 millones de pesos en concepto de subsidios, lo que genera importantes complicaciones para el funcionamiento de los cuarteles, así como la compra de equipamiento y la capacitación de los servidores públicos.

Desde el sector, explicaron que el sistema nacional cuenta con un financiamiento genuino, dispuesto por la Ley Nacional Nº 25.054, para asegurar la prestación de los alrededor de mil cuarteles que hay en Argentina, donde prestan servicio cerca de 43 mil hombres y mujeres. Sin embargo, denunciaron que el gobierno pretende modificar esa norma para realizar un ajuste y acusaron a funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, ya que consideraron que “nos vienen mintiendo”.

En diálogo con diario popular, el presidente del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, Carlos Alfonso, explicó que “el Estado nos está debiendo 844 millones de pesos y eso nos está provocando un desfinanciamiento importante”.


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“Por un lado, tenemos una deuda de más de 147 millones de pesos que fueron recaudados por sobre lo presupuestado para 2017 y todavía no fue pagada. Generalmente lo cobrábamos entre enero y febrero, que nos permitía llegar hasta junio, pero este año no pasó. Por otra parte, sacaron de nuestra partida presupuestaria más de 637 millones, algo que no es posible por ley”, resaltó Alfonso.

El jefe de bomberos contó que la respuesta del gobierno fue la necesidad de reducir el gasto público, algo que no aplica para esta situación. “Los fondos provienen de la ley nacional de bomberos y tienen afectación específica. Es decir que no son gasto público, sino que provienen de una cuenta de recaudación y no se les puede dar otro destino”, sentenció.

En tal sentido, puntualizó: “El dinero proviene del aporte que hacen los vecinos y los que contratan una póliza de seguros para sus autos, ya que las compañías hacen su aporte obligatorio del 5 por mil a la Superintendencia de Seguros de la Nación, que trimestralmente transfiere al Ministerio de Hacienda lo recaudado, para efectivizar las correspondientes transferencias a nuestras Federaciones, Asociaciones y a este Consejo”.

Consultado por si hubo conversaciones con las autoridades, Alfonso advirtió: “Tuvimos una reunión con el secretario de Protección Civil, Emilio Renda, y el subsecretario, Marcelo Rosagaray, pero nos cansamos porque nos vienen mintiendo”. Y graficó: “Cuando estuvimos en audiencia con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, nos dimos cuenta de que no le estaban contando todas las cosas que charlábamos. Es una ofensa que nos digan cosas y nos mientan”.

Debido a este reclamo, los bomberos fueron recibidos por diputados de la oposición y el oficialismo. “Nos entendieron y nos dieron la razón, porque saben que el Estado no puede hacer esas retenciones”, expresó el titular del Consejo Nacional, mientras detalló: “Quedaron en gestionar una nueva audiencia con la ministra Bullrich. Aceptamos, pero pusimos como condición que no estén los funcionarios de Protección Civil para poder explicarle nosotros la situación”.

“Este voluntariado que tiene una profunda vocación. Cubrimos el 80% de las emergencias denunciadas y la propia ley dice que es un servicio público y nos considera la ley la fuerza más grande operativa de la protección civil. No entendemos por qué el gobierno toma esta actitud queriendo quitarnos el dinero que corresponde por el aporte que hace cada vecino”, se lamentó.

Alfonso aclaró: “Ninguno de nosotros percibe un salario, sino que vivimos de otros trabajos”. Sin embargo, enumeró los problemas que genera el no pago del subsidio: “No nos permite proveer las capacitaciones en toda la Argentina, afectando a quienes quieran sumarse; nos limita realizar las campañas para no provocar incendios o de RCP en escuelas y clubes; nos perjudica y desfinancia para poder seguir comprando equipamiento o para renovar los cuarteles o el parque automotor”.

“Lo que más nos preocupa es que vamos a llegar al punto de tener problemas de garantizar el propio funcionamiento de los cuarteles, porque el combustible aumenta permanentemente y el equipamiento es en valor dólares o euros, con nuestra plata en pesos”, aseveró Alfonso.

También se mantiene en las sombras otro ataque que atentaría aún más contra la labor de los bomberos. “Tomamos conocimiento de una iniciativa del gobierno sobre una posible modificación de la ley, que reduciría la alícuota del 5 por mil, vulnerando los derechos reconocidos y perjudicando nuestra tarea. Los diputados nos dieron la tranquilidad de que sería inviable, pero es algo que preocupa”, manifestó.

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