El fiscal de Casación Germán Moldes apeló hoy el sobreseimiento del presidente Mauricio Macri por la firma de un “Memorándum de entendimiento” con el Estado de Qatar.
Para el fiscal, “las denuncias de esta gravedad institucional deben ser abiertas a la investigación no importa que el denunciado se llame Juan, Pedro, Cristina o Mauricio”.
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Con mucho atino, Moldes consideró que si en la denuncia por el Memorándum con Irán, que tiene procesada y a punto de ir a juicio la ex presidenta Cristina Kirchner, se sostuvo que había que abrir una investigación, es imposible no seguir el mismo criterio en este caso.
“Desde hace mucho tiempo vengo sosteniendo invariablemente que una denuncia que acredite los mínimos márgenes de seriedad y verosímiles no puede ser cerrada caprichosamente, tal como lo ha hecho una vez más el juez (Daniel) Rafecas, sin abrir siquiera liminarmente un arco de diligencias de investigación que permita circunscribir al menos la etapa de conocimiento del hecho que es materia de examen (…) No puedo hoy borrar con el codo lo que entonces escribí con la mano”
En la causa están denunciados el presidente Mauricio Macri, la vicepresidenta Gabriela Michetti, la ex canciller Susana Malcorra y otros de funcionarios nacionales.
“Las denuncias de esta gravedad institucional deben ser abiertas a la investigación no importa que el denunciado se llame Juan, Pedro, Cristina o Mauricio”
La denuncia fue hecha por una ONG junto a un grupo de diputados del Frente para la Victoria por delitos contra la administración pública, a raíz de un Memorándum firmado entre la ANSES y un fondo de inversión de Qatar.
El juez Daniel Rafecas había desestimado la denuncia y la Sala I de la Cámara Federal confirmó la desestimación. Ahora Moldes apeló a Casación para que se sortee una sala que decida si abre la causa a las medidas de prueba sugeridas por la fiscal Paloma Ochoa.
Según los denunciantes, el convenio suscrito entre un funcionario de la ANSES, y el representante del fondo de inversión Qatar Investment Authority (QIA), resultaría contrario a la normativa vigente en el ordenamiento jurídico argentino, ya que prevé que se le puede dar intervención a una estructura «offshore» para canalizar inversiones, una lógica muy PRO.
