El gobierno elaboró un borrador para una reforma laboral que retrocede ominosamente en materia de derechos laborales. No solo flexibiliza al trabajador, sino que allana el camino a despidos masivos, ya que abarata significativamente las indemnizaciones, desfinancia el sistema previsional argentino y pone en un enorme estado de vulnerabilidad a los trabajadores tercerizados.
Entre sus objetivos plantea un blanqueo que permita reducir la informalidad laboral y registrar a los trabajadores en condiciones irregulares. Sin embargo, lo que realmente hace es condonar todas las contribuciones adeudadas y extingue las multas e incumplimientos anteriores, además de eliminar el registro de empresas incumplidoras implementado en 2014 y que tenia por objeto sancionar a las grandes corporaciones que incumplieron con la ley laboral y no registraron a sus empleados.
En otro orden, reduce los aportes patronales que son destinados, en parte, a sostener el sistema provisional argentino y que junto con los aportes de los trabajadores sostienen las jubilaciones que se cobran hoy en día. El sistema previsional argentino es de carácter solidario, es decir que los trabajadores activos financian a los pasivos.
Entre los puntos más destacados, se establece un mínimo no imponible, que es una deducción de los aportes del empleador que arranca en 2.300 pesos y en cinco años llegará a 11.5000 o más, porque actualiza por IPC y que solo en 2018 va a desfinanciar al Estado en 40 a 50 mil millones de pesos, según un cálculo de la economista Julia Estrada.
Además, pone en riesgo a los trabajadores tercerizados. Principalmente elimina las responsabilidades de las empresas que subcontratan a otras que emplean personal para prestar servicios. Esto beneficia a las grandes empresas que, en caso que un trabajador tenga que accionar legalmente contra sus empleadores, solo podrá hacerlo contra la empresa que lo emplea, generalmente pymes insolventes, y no para la que presta servicio que es la empresa principal.
Como ejemplo, una multinacional que contrata personal de limpieza vía una pequeña pyme que contrata formal o informalmente a trabajadores precarizados, que pudieran sufrir un accidente o ser despedidos, este solo podrá accionar contra la empleadora y no contra la contratista, en este caso la multinacional.
Otro de los puntos más ominosos para los trabajadores es el abaratamiento de las indemnizaciones. El proyecto del oficialismo elimina del cálculo indemnizatorio, el aguinaldo, horas extras, comisiones, premios y cualquier ítem o concepto que no sea el salario básico. Es decir que allana el camino para despedir empleados a un valor muy inferior al actual, perjudicando al trabajador.
