El dato podría parecer poco relevante. Pero si prosperan los pedidos para la aplicación del fallo de la Corte sobre el 2×1 a los represores de la última dictadura, la sed de venganza podría estallar de modo extremadamente peligroso.
Marcelo Cinto Courtaux, ex jefe de inteligencia del Batallón 601 del ejército estuvo prófugo durante tres años. Hace pocas horas fue detenido en un locutorio de la ciudad de Buenos Aires. Y cuando se le revisaron sus efectos personales, en su billetera le encontraron los datos del abogado Pablo Llonto
Courtaux, de 69 años, fue buscado incluso en distintos países hasta que, el sábado pasado, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) logró detenerlo. Por su paradero se ofrecía una recompensa de 500 mil pesos.
Se presume que este represor, que había pedido una prorróga en su declaración indagatoria que aprovechó para fugarse, tenía claro interés en ubicar a Llonto. En su poder tenía la dirección laboral del abogado de víctimas de la represión durante la última dictadura cívico militar.
Courtaux estaba siendo investigado por los hechos originados desde el Batallón 601, la Jefatura de Inteligencia del Ejército y el Comando de Institutos Militares (Campo de Mayo), acusado de secuestrar, torturar y asesinar a cerca de 100 militantes montoneros que formaron parte de la acción política conocida como la Contraofensiva, entre 1979 y 1980.
Si prosperan los pedidos de numerosos represores, entre ellos Miguel Etchecolaz y el cura von Wernich, para que se los beneficie con la aplicación del 2×1 sobre la base del fallo de la corte, esas víctimas, sus familiares, sus amigos, sus abogados, podrían correr un serio peligro.
Los investigadores creen que del mismo modo que Courtaux, muchos otros represores y torturadores podrían tratar de contactarse con ellos para, quizas, tomar venganza.
