Brasil tendrá durante los próximos 20 años el presupuesto nacional congelado, apenas actualizado por la inflación, en una medida inédita en el mundo, reclamada por los agentes económicos, repudiada en las calles por la izquierda y clave para la sobrevida del gobierno de Michel Temer.
El Senado aprobó por 56 votos a favor y 16 en contra la enmienda constitucional que modifica la Carta Magna de 1988 e incorpora el techo del gasto público al orden jurídico del país, algo que podrá modificarse apenas por el jefe del Estado que se encuentre gobernando el gigante sudamericano en 2027.
Justamente la encuestadora Datafolha informó este miércoles que seis de cada diez brasileños rechazan el proyecto por considerarlo peligroso para los servicios básicos como salud y educación, un repudio que fue hecho visible en manifestaciones en Brasilia, Porto Alegre, San Pablo, Río de Janeiro, Belo Horizonte y Fortaleza.
El proyecto polémico ocurre en medio de la crisis política con la denuncia de que el propio Temer le pidió unos 3 millones de dólares para su partido al hoy detenido ex presidente de la constructora Odebrecht, Marcelo Bahía Odebrecht, parte de un escándalo que involucra a decenas de senadores que hoy votaron a favor del recorte del gasto.
El gobierno argumenta que el proyecto del ministro de Economía, Henrique Meirelles, cuestionado por la ONU debido a que involucra a las partidas presupuestarias salud y educación, será para revertir el déficit primario (ingresos menos gastos presupuestarios) que el propio Temer elevó a 170.000 millones de reales unos 45.000 millones de dólares), el doble del que había proyectado la destituida Rousseff.
En ese marco, para salud y educación el congelamiento se aplicará a partir de 2018.
La mayor parte del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) de Temer y el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, que dominan la coalición oficialista, también trabaron una propuesta del Partido de los Trabajadores y el resto de la izquierda opositora.
El salario mínimo, que durante 13 años tuvo actualizaciones por encima de la inflación, también será sometido al techo del gasto. El jueves, el presidente del Senado, Renán Calheiros, deberá promulgar la reforma constitucional.
El gobierno se puede dar por satisfecho, según los analistas, porque en el medio de la crisis política y de corrupción logró más de los 49 votos necesarios, aunque lejos de los 69 que había logrado a inicios de noviembre, en la primera votación de la cámara alta.
“Aprobamos el texto, ganamos, eso es lo importante: en medio del vendaval, no dimos señal de debilidad”, dijo el líder del bloque oficialista, Riomero Jucá, ex ministro de Temer y denunciado por corrupción por recibir unos 7 millones de dólares de la empresa Odebrecht.
En su réplica, la senadora Fátima Bezerra, del Partido de los Trabajadores (PT), advirtió que “lo que se comete aquí es un delito de lesa patria, porque están condenado a la mayoría de la población a congelar las inversiones a los servicios que usan los pobres, pero no habrá techo para pagar los intereses de la deuda pública”.
