El fiscal federal Ramiro González decidió imputar a Fernando Niembro y su socio Alberto Meza por lavado de dinero. La causa surgió por una presentación que hizo la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) a partir de la nota publicada porTiempo Argentino el pasado 1 de septiembre, en donde se consignaba que el periodista deportivo había creado una empresa por la que le facturó 23 millones de pesos al Gobierno de la Ciudad.
González solicitó varias medidas de pruebas para profundizar la investigación, como la solicitud de información a la AFIP y al Banco Central, así como también a otros organismos públicos nacionales. A la vez, requirió al ente recaudador de la provincia de Buenos Aires, ARBA, información sobre la deuda que “La Usina Producciones” registraría ante esa agencia, y a los Hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata, que informen si los imputados son titulares registrales de Stud o Boxes.
En su dictamen, el fiscal González mencionó que en la denuncia formulada por la Procelac se puso en conocimiento que a través de la contratación irregular de La Usina Producciones SRL, “se habría beneficiado económicamente e ilegalmente a Fernando Niembro y a Atilio Alberto Meza”, durante el periodo comprendido entre el 2012 y 2015.
La causa quedó radicada en el juzgado federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello, bajo los autos “Rodríguez Larreta y otros s/ abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”.
De esta manera, González detalló que la Procuraduría consideró la posibilidad del lavado de activos a partir de una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo con el que la Procelac coordina el trabajo e intercambia documentación de manera habitual. También, habían señalado que tanto Meza como Niembro “incorporaron a sus respectivos patrimonios diversos vehículos de alta gama”, marca Mercedes Benz y Audi.
El fiscal también destacó que “las contrataciones sospechosas involucrarían la prestación de servicios de publicidad para distintas reparticiones del Poder Ejecutivo Porteño”. En este sentido, señaló que “La Usina Producciones S.R.L” compraría “espacios de publicidad en los medios y luego se los vendería a un precio mayor a diversas dependencias públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Finalmente, “apuntó que para perfeccionar esta operatoria se habrían invocado forzosamente razones de ‘urgencia’, dejando así habilitados los mecanismos previstos para la contratación directa”.
