Por María de los Ángeles Sacnun
Durante estos días hemos asistido a debates interminables en torno a la procedencia o improcedencia de la presentación que Cristina Fernández de Kirchner -en su carácter de Presidenta de la Cámara de Senadores de la Nación- presentó ante la Corte para obtener una declaración de certeza en torno a si efectivamente se ajusta a la Constitución Nacional la posibilidad de sesionar por medios remotos.
Así se abrió el debate en torno a la admisibilidad de la presentación, a si había «caso» o no había «caso», a si es materia exclusiva de la Corte en los términos del art. 117 de la Constitución o no.
La verdadera finalidad de la presentación judicial no residía en despejar el interrogante en cuanto a las Sesiones por medios remotos. El interrogante era si la Cámara tenía atribuciones constitucionales para interpretar su Reglamento, evitando eventuales impugnaciones de invalidez en cuanto a la sanción de leyes mediante dicho mecanismo.
En su presentación CFK deja clarísimo que no tenía dudas que corresponde por el art. 30 del Reglamento que los Senadores y Senadoras podemos sesionar a través de medios digitales debido a la situación de gravedad institucional generada objetivamente por el COVID-19.
Pero -y aquí viene lo central- expresa que no puede soslayar la historia reciente de la Argentina en cuanto a la existencia de maniobras de todo tipo -incluidas las judiciales- tendientes a impedir la aplicación de leyes que afecten intereses de grupos económicos.
Cataratas de «medidas cautelares» y declaraciones de «inconstitucionalidad» han impedido la efectiva aplicación de leyes sancionadas por el Congreso con mayorías ampliadas y calificadas por su diversidad.
Previo a la interposición de la declaración de certeza ante la Corte, comenzaron a aparecer titulares como: «Cristina Kirchner quiere habilitar las sesiones virtuales para votar el ´impuesto a los ricos´ y se abre la pelea por la validez legal de las sesiones».
Antes de que hubiéramos definido la modalidad de la Sesión ya se ponía en tela de juicio la validez de una sesión llevada a cabo mediante medios electrónicos.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner los vio venir.
Los antecedentes recientes demuestran que los grupos económicos tienen a mano siempre «un juez amigo», quien – mediante una medida cautelar o declaración de inconstitucionalidad- impide hacer efectivas las leyes sancionadas por el Congreso de la Nación Argentina en ejercicio pleno de la soberanía popular que lo sostiene.
El «juez amigo» y el «juez enemigo» son la cara de una misma moneda. Cuando sos un juez de esos, no solo favoreces a los grupos económicos con tus intervenciones, sino que ineludiblemente te convertís en el perseguidor de aquellos que representan y defienden los intereses de las mayorías y vaya si la Presidenta del Senado lo sabe.
Algunos maliciosamente preguntaban dónde estaba CFK durante esta tremenda situación en que la pandemia nos sume.
Estaba haciendo lo que por su doble rol de Vicepresidenta de la Nación y Presidenta del Senado le corresponde, despejando el camino para que el Poder Legislativo le pueda otorgar a nuestro Presidente Alberto Fernández todas las herramientas que requiere para enfrentar esta situación alcanzando y llevando alivio a todos los sectores de la comunidad, en especial a los más perjudicados.
Esta pandemia requiere que el Estado cuente con los recursos necesarios para asistir a los trabajadores, a los sectores medios, a los monotributistas, a las pymes, a las cooperativas, ya que desde nuestro Gobierno estamos dando respuestas con medidas que nos posicionan -al decir de la Comunidad Internacional- como uno de los países que más protección han otorgado a sus pueblos.
Con la permanente gestión de Gobierno se consolida un Estado presente que da respuestas en esta excepcionalidad de características impensadas, pero además se sientan las bases que permitirán mantener la salud física y la salud socio- comunitaria para encarar la reconstrucción económica de nuestro aparato productivo.
Es menester consolidar el reposicionamiento de la República Argentina en una situación geopolítica distinta, transformada por los efectos de la pandemia, y que inexorablemente requerirá de audacia e inteligencia para actuar en defensa de los intereses nacionales, que no es más que la defensa de todos los argentinos y argentinas.
El debate de fondo es sin lugar a dudas el Impuesto a las grandes fortunas que Máximo Kirchner impulsa junto a Carlos Heller en la Cámara de Diputados de la Nación.
Allí reside el verdadero debate. El mundo se está planteando la construcción de un sistema tributario más simple, progresivo, con equidad, amigable con la inversión productiva y con la innovación.
El desafío es hacer que la Democracia vaya de la mano de la Igualdad.
Por primera vez en la historia argentina los integrantes del Congreso Nacional sesionaremos a través de medios electrónicos.
Espero que entremos a la historia no sólo por este hecho significativo para el Siglo XXI, sino fundamentalmente porque seamos capaces de sancionar leyes que -mediante una mayor justicia tributaria y una mayor justicia fiscal- aseguren la eficiencia recaudatoria conducente a hacer efectivos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales en Argentina.
Lo cierto es que Cristina Fernández de Kirchner lo hizo otra vez. Al Gran Pueblo argentino: Salud!. (NA)
(*) – Senadora nacional del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe.
