La “limpieza” anunciada por el presidente Recep Tayyip Erdogan la misma noche del fallido intento del golpe de Estado no ha quedado circunscrita a las fuerzas de seguridad.
A medida que avanzan los días se extiende a todos los departamentos de la Administración Pública en unos hechos que, si tienen algún precedente, sólo pueden ser las purgas desatadas tras el golpe, este sí exitoso, que dieron los militares en 1980.
El objetivo es extirpar de la vida pública a todo funcionario o empleado sospechoso de estar relacionado con la comunidad de Fethullah Gülen, a la que se acusa de estar tras la sublevación militar.
Hasta el lunes más de 13.000 empleados de los departamentos de Justicia, Interior y Finanzas habían sido suspendidos. Pero este martes le tocó el turno a otros 40.000, la mayoría ligados al Ministerio de Educación,
También fueron cesados e investigados 100 funcionarios de los servicios secretos –por haber formado supuestamente “células durmientes”-, 257 de la oficina del primer ministro, 393 del Ministerio de Familia y Políticas Sociales y 492 de la Dirección de Asuntos religiosos.
“(El intento de golpe de estado) ha mostrado que debemos luchar de forma decidida contra todas las personas y organismos ligados a la organización terrorista y expurgar sus actividades de las instituciones” afirmó el ministerio en un comunicado oficial a propósito de las cesantías.
“El Ministerio de Educación Nacional está trabajando (para descubrir) a todos los empleados públicos que se mantienen en comunicación con la organización FETÖ (como se denomina al grupo de Gülen) en las escuelas y en los centros de educación privados y en todos los organismos” agregó.
Además, la agencia Reuters citó a un responsable de dicha institución que anunció la revocación de la licencia de 21.000 profesores del Estado que ejercen en instituciones privadas.
“Aunque no tenemos la lista completa de nombres, el 80 ó 90 % de los afectados son gülenistas, el resto gente que simplemente es crítica con el Gobierno”, aseguró aal diario español El País Yildirim Kaya, miembro fundador del sindicato de maestros Egitim-Sen y dirigente del partido socialdemócrata CHP.
“Está claro que saben a quienes buscan porque son ellos mismos (el Gobierno del AKP) quienes los pusieron allí” explicó. Según Kaya, en la última década los afiliados a sindicatos contrarios al Ejecutivo han sido apartados de la práctica de sus cargos –desde la dirección de escuelas a la de departamentos del Ministerio- que han sido copados por los afiliados al sindicato Egitim Bir-Sen, creado por simpatizantes del AKP y gülenistas. “Hasta hace un par de años se llevaban perfectamente bien y actuaban juntos”.
Además, el Consejo de la Educación Superior (YÖK) ha pedido a los 1.577 decanos de todas las facultades de universidades públicas y dependientes de fundaciones que dejen su cargo. Hasta el momento, unos 60 han presentado la dimisión.
El presidente del YÖK, Yekta Saraç, dijo que “en las universidades no debe quedar un solo académico o directivo” relacionado con la comunidad de Gülen: “Hay que limpiar la comunidad educativa de esta organización terrorista”.
Vale recordar que a pocas horas del fallido golpe de estado, casi 3 mil oficiales de las fuerzas armadas, una cifra similar de empleados públicos de diferentes organismos y unos 15 mil jueces de todo el país fueron separados de sus cargos, todos acusados de estar detrás de la asonada militar que fracasó a poco de haber comenzado con un saldo de casi 300 muertos y numerosos heridos.
