La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) expresó este miércoles su preocupación por la gravedad institucional que significa la actuación carente de imparcialidad y ecuanimidad por parte de sectores del Poder Judicial en la Causa Vialidad, avalados por medios concentrados de comunicación en connivencia con referentes políticos locales y extranjeros.

«La entidad observa que este hecho coincide con las características del llamado “lawfare”, que significa ni más ni menos que la actuación del Poder Judicial en favor de intereses políticos y económicos que buscan evitar que avancen en nuestro país y la región proyectos de carácter nacional, industrializador y redistributivo«, sostiene el texto difundido hoy por la entidad..

En este caso, esa acción se evidencia a partir de la presentación del pedido de condena para la vice presidenta de la Nación sobre la base de gravísimas falencias procesales por parte los fiscales, sin pruebas fehacientes, garantías legales ni debido proceso.

Desde la entidad que representa a empresarios y empresarias mipymes de todo el país consideraron que no puede pasarse por alto que este hecho se produce en línea con la recurrente intervención del Poder Judicial en favor de intereses económicos de grupos concentrados y multinacionales, recientes ataques especulativos contra el peso, e incluso la injerencia de los EEUU, cuyo embajador Stanley propuso un “gobierno de coalición” en la Argentina en reemplazo del actual, elegido democráticamente, mientras que el senador ultraconservador de ese país, Ted Cruz, pidió sanciones contra la vicepresidenta argentina y su familia.

APYME recordó que históricamente en nuestro país esta clase de alianzas corporativas se han establecido para imponer lineamientos políticos y económicos de desregulación, desindustrialización, entrega de recursos estratégicos y endeudamiento externo, bajo actos autoritarios y represivos o directamente gobiernos de facto, con las trágicas consecuencias que eso ha conllevado.

Finalmente, la gremial empresaria llamó a resguardar las instituciones, así como a defender los intereses nacionales y de los sectores más vulnerables como las Pymes, el trabajo, las cooperativas y emprendimientos de la economía social, que necesitan para sostenerse y crecer la acción decidida de un Estado democrático, activo y solidario, en función del desarrollo autónomo con inclusión social.

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