CFK calificó al tribunal como «un pelotón de fusilamiento mediático-judicial»

Luego que el presidente del Tribunal Oral Federal 2 informara que no harían lugar al pedido de la ex mandataria en ampliar su declaración indagatoria, tal como lo solicitó hoy su abogado defensor, Carlos Beraldi, la vicepresidenta salió duro contra los jueces y los fiscales que la juzgan.

Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019, se quejó la titular del Senado en sus redes y adelantó que mañana a las 11 demostrará vía sus redes sociales por qué le están impidiendo hablar en el juicio después del «obsceno guión que montaron los fiscales».

Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones…

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2022

Cristina solicitó hoy ampliar su declaración indagatoria en la causa Obra Pública para el día de mañana ante el tribunal oral que la juzga por los presuntos delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita.

“Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de (Javier) Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”, advirtió más temprano la ex jefa del Estado.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron la pena de 12 años de prisión para la vicepresidenta, Cristina Kirchner, como presunta autora penalmente responsable de los delitos de jefa de una asociación ilícita y administración infiel en perjuicio del Estado por la adjudicación de obra pública a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El pedido incluye la inhabilitación perpetua para volver a ejercer cargos públicos. La fiscalía también solicitó el decomiso de todos los bienes que fueron objeto de la investigación -más de $5.000 millones- y reclamó que sean destinados a «instituciones de bien público«. «El estado de derecho fue arrasado por la acción ilegal de los imputados«, proclamó Luciani, que reivindicó el rol que le cupo a él y a su equipo de trabajo: “Los fiscales y los jueces son la última esperanza de terminar con estas prácticas”, expresó.

En su tramo final de las nueve jornadas del alegato, consideró que “el orden público ha sido trastocado por funcionarios públicos de alta jerarquía” y que la trama de corrupción por la que acusó es la “mayor de la historia”. Como medida adicional a las penas y la inhabilitación, el fiscal reclamó el decomiso de todos los bienes de las empresas del Grupo Austral y de todas las estancias del empresario Lázaro Báez y sus allegados.