La Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso presentó este jueves ante el Consejo de la Magistratura de la Nación un pedido de juicio político contra los camaristas federales Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, a quienes acusan de «mal desempeño en sus funciones» por desvincular de una causa de espionaje a los responsables de la AFI del Gobierno de Cambiemos y avalar la teoría del «cuentapropismo» en la que habrían incurrido los agentes de ese organismo.
Los legisladores del Frente de Todos de esa comisión -encabezados por Leopoldo Moreau- se reunieron hoy con el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, a quien le presentaron un escrito de alrededor de 25 páginas con los argumentos para impulsar el enjuiciamiento de los dos miembros de la Cámara Federal porteña.
Molea, junto a otros integrantes del organismo, como Graciela Camaño, recibió a Moreau, a los diputados Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y Blanca Osuna, y al senador Oscar Parrilli, también integrantes de la Bicameral.
La Cámara Federal porteña, con los votos de Llorens y Bertuzzi, desligó a los entonces números uno y dos titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, sosteniendo que los agentes del llamado grupo de espías «SuperMarioBross» actuaban por su cuenta.
Moreau destacó que es la «primera vez que una comisión parlamentaria se presenta a pedir el inicio de un juicio político a dos camaristas por mal desempeño de sus funciones» por la sentencia «arbitraria que ellos llevaron adelante para exculpar» a Arribas y Majdalani.
Añadió que los exfuncionarios no pueden ser desligados de la causa los ex titulares de la AFI porque fueron «los responsables de un plan sistemático espionaje ilegal de persecución que no afecto solamente a quienes fueron víctimas, como centenares de personas y de organizaciones, sino que afecta a la democracia en su conjunto».
Apuntó que si «esa sentencia es aceptada pacíficamente en la jurisprudencia de la Argentina eso deja abierto que cualquier gobierno pueda repetir y agravar el comportamiento de este tipo aparándose en la teoría que fueron organizados por cuentapropistas o perejiles como se dice en la jerga común».
Moreau relató a la prensa que Molea les dijo que «de inmediato iban a poner en marcha los mecanismos que tiene previsto el Consejo y que iban a pasar a una comisión que debe tramitar la denuncia, por lo que estamos a la espera de una decisión».
El legislador dijo que este fallo «no fue una sentencia sino un procedimiento judicial, cuyo único objetivo fue garantizar la impunidad de (Mauricio) Macri y de los responsables de la AFI» para asegurarse de que «no respondan por sus atropellos» .
Señaló que «existen pruebas que son más que evidentes contra Llorens y Bertuzzi, que debieron haberse excusado porque Llorens tenía dentro de la causa a un primo hermano que estaba como querellante y ambos figuraban en la agenda de otro imputado, como el exsecretario de Macri, Darío Nieto».
Los legisladores señalaron que «el propio contenido del fallo aquí recurrido, por sí mismo corrobora los temores de parcialidad fundadamente invocados por las querellas respecto de los jueces Llorens y Bertuzzi. Basta para ello remitirse a los escritos que presentara nada menos que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, señalando, una vez más, la manera en que la garantía del juez natural resultaba mancillada en el caso».
«A la luz de estos antecedentes y de las abrumadoras evidencias reunidas en la investigación llevada a cabo por el juzgado federal de Lomas de Zamora, resulta inaudita la resolución de la Cámara Federal que revocó el procesamiento del exdirector general de la AFI Gustavo Arribas y de otros altos funcionarios de la agencia», agregaron.
Señalaron que «la lectura de la resolución de los jueces Llorens y Bertuzzi lleva a la convicción de que estamos ante una resolución arbitraria, dictada por razones ajenas a las jurídicas».
«El contenido de su resolución írrita según ya la han cuestionado en el trámite numerosas víctimas y se enmarca en el mal desempeño que han evidenciado a lo largo del trámite, según se lo reseñara, interesándose en mantener una intervención que la legalidad les impedía, eludiendo los reclamos de las víctimas y procurando garantizar la impunidad de aquellos a los que se vincula», agregaron.
En la presentación, la Bicameral destacó que «el mal desempeño denunciado ha quedado evidenciado y debe ser objeto de consideración por ese Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación»
Agregó que «las propias víctimas de la organización delictiva investigada han descripto en sus presentaciones ‘las circunstancias objetivas que demuestran la gravedad institucional que reviste el caso'».
«Por todo ello, resulta indispensable que de una vez por todas el servicio de administración de justicia se haga cargo de dar una respuesta respecto de hechos que exceden largamente el interés de las partes constituidas en la causa», ya que «se encuentra en juego el normal funcionamiento de las instituciones democráticas en su conjunto».
También señaló que se informó a la Corte Suprema pero «no sólo omitieron dar una respuesta jurisdiccional con la celeridad que el caso requería, sino incluso ahora se han apartado del mismo, sin brindar a tal efecto ninguna explicación plausible».
«Por ende, ya es hora de que los miembros del Poder Judicial de la Nación, que en su enorme mayoría no se encuentran contaminados, le devuelvan a esta investigación el trámite que corresponde», sostuvo el organismo parlamentario.
Y aseveró que eso se debe hacer «no solo por el interés de las partes constituidas en el presente proceso o por la conveniencia de algún sector político, sino antes bien para que en la Argentina se mantenga o restablezca, de manera irrestricta, la vigencia del Estado de Derecho, cuya recuperación, tanto sacrificio nos costara».
