Por Gabriel Eiriz
Resulta singular que la oposición macrista se ponga de punta contra la reforma del Ministerio Público Fiscal que impulsa el oficialismo. Reclaman sobre los supuestos daños a la vida institucional del país que provocaría de llegar a aprobarse la iniciativa que ya tiene media sanción en el Senado Nacional y advierten que se busca remover al procurador general interino, puesto a dedo por el expresidente Mauricio Macri.
“Lo rechazamos porque es un intento más de quedarse con la Justicia. Sin fiscales independientes sólo se puede esperar falta de libertad y persecución a cualquiera que piense distinto”, expresaron desde Juntos por el Cambio en un comunicado titulado “Quieren quedarse con la libertad de los argentinos”.
Estos mismos que hoy cacarean, son los que expulsaron con amenazas y denuncias truchas a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó en 2017. El Propio presidente Alberto Fernández lo advirtió recientemente.
consideró que “lo mejor que podría hacer” Juntos por el Cambio (JxC) “después del daño” que causó al país durante el Gobierno de Mauricio Macri sería “acompañar” a la actual administración a “salir del problema de Argentina”.
El mandatario recordó que “hoy no tenemos procurador (general) porque ellos persiguieron judicialmente a la procuradora, hicieron lo necesario para que renuncie y la amenazaron de mil modos”, apuntó en referencia a Alejandra Gils Carbó, quien dejó ese cargo en 2017.
“Lo mejor que podrían hacer, después de tanta desvergüenza, es ayudar, es lo que yo más les pido después de que nosotros recibimos el país que recibimos, en las condiciones económicas y éticas que lo recibimos”, dijo Fernández, al advertir que durante el gobierno de Macri “por primera vez en la historia el poder del Ejecutivo se movilizó para detener a opositores o desplazar funcionarios judiciales de cargos claves, como era un procurador, para instaurar un sistema que ellos entendían que les servía”.
Al respecto, el Presidente insistió en que “marca” esos puntos sobre la gestión de Cambiemos para ”llamarlos a la reflexión”.
El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará avanzar el martes próximo en un plenario de comisiones con el dictamen del proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, que elimina el cargo vitalicio del procurador general de la Nación y establece un mandato de cinco años.
El debate de la iniciativa se realizará el próximo martes a las 19 en un plenario de las comisiones de Justicia, que preside Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), y de Asuntos Constitucionales, a cargo de Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos).
El oficialismo confía en emitir el dictamen de comisión ese día y tratarlo la semana siguiente en el recinto de la Cámara baja, según informaron a Télam fuentes parlamentarias.
El proyecto del oficialismo contempla la elección del jefe de los fiscales por mayoría absoluta del Senado, en vez de los dos tercios de los presentes, y pone un plazo de cinco años -reelegible por única vez- a la vigencia del mandato del procurador general de la Nación.
El despacho modificará el texto votado por el Senado, con lo cual deberá volver a la Cámara alta, ya que cambiará la composición del Jury de Enjuiciamiento para garantizar la paridad de género y las mayorías para poder destituir a un procurador, que fueron propuestas por el ministro de Justicia Martín Soria.
Sobre la composición de ese tribunal, el oficialismo aceptó modificar el proyecto original y agregar un integrante del Ministerio Público Fiscal en reemplazo de un legislador ya que en el proyecto se establecía dos por la mayoría y uno por la minoría.
Con esa reforma, el Tribunal de Enjuiciamiento quedaría compuesto por un representante del Poder Ejecutivo, dos representantes de la Comisión Bicameral parlamentaria (1 por la mayoría y 1 por la minoría), un representante del consejo interuniversitario nacional, un abogado y dos fiscales (un varón y una mujer).
En cuanto a las mayorías, se establecerá que para destituir al Procurador se requerirán 5 votos -que implica los dos tercios- y 4 votos para el resto de las decisiones.
Los diputados avanzarán en la discusión del proyecto luego de que el viernes pasado el plenario retomó la discusión de la iniciativa, sin la presencia de los representantes de Juntos por el Cambio, que optaron por retirarse del plenario por no compartir la metodología adoptada para el tratamiento de la iniciativa ni la cuestión de fondo.
Si bien Juntos por el Cambio rechazará el proyecto, el oficialismo tiene los votos asegurados para emitir el dictamen de comisión ya que contará con el aval de legisladores de bloques provinciales como el de Unidad Federal para el Desarrollo, que lidera José Luis Ramón.
El diputado mendocino, que se reunió días atrás con Soria para analizar proyectos de ley vinculados con la mejora del servicio de justicia y, en particular, del Ministerio Público, consideró que existe una necesidad de resolver la situación irregular de la Procuración General de la Nación.
En el plenario del viernes, Ramón propuso incorporar al proyecto la creación de una Procuraduría especializada en Defensa de las y los Consumidores y Usuarios en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.
En tanto, desde el Frente de Izquierda anticiparon que aún no definieron la posición que adoptarán en el plenario y en el recinto.
Días atrás, el ministro de Justicia, Martín Soria, recordó que «la ley actual fue producto de una decisión coyuntural que se sancionó en el Congreso en 1997», al considerar que «debe ser modificada ante el profundo cambio de paradigma que supone el paso al sistema acusatorio qué estamos llevando adelante».
Soria afirmó en ese sentido que «no se han podido lograr los consensos para elegir Procurador (General de la Nación) y por eso seguimos transitando el interinato más largo de la historia».
Actualmente, el titular interino de la Procuración General de la Nación (jefatura de los fiscales) es Eduardo Casal, quien ocupa ese cargo desde hace más de tres años, tras la vergonzosa salida de Alejandra Gils Carbó, empujada por denuncias truchas y amenazas a su familia. Gils Carbó había sido designada por acuerdo del Senado.
Casal fue ratificado en ese cargo en 2017 por el entonces presidente Mauricio Macri.
Otro aspecto relevante de la iniciativa es que el jefe de los fiscales deberá comparecer ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara, para presentar su informe de gestión, que previamente enviará a la bicameral.
