Gobierno avanza con una «adecuación transitoria» de las tarifas de electricidad

La medida, que se tomó hasta tanto se arribe a un "Acuerdo Definitivo de Renegociación", se formalizó por medio de dos resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) publicada este jueves en el Boletín Oficial.

El Gobierno Nacional inicia la discusión de una tarifa de transición para el servicio de electricidadEl Gobierno dio inicio al procedimiento de adecuación transitoria de las tarifas de la energía eléctrica con el objetivo de establecer un Régimen Tarifario de Transición, hasta tanto se arribe a un Acuerdo Definitivo de Renegociación.

Lo hizo a través de las resoluciones 16/2021 y 17/2021 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), publicadas hoy en el Boletín Oficial.

En la primera de ellas se convoca a las distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Edenor y Edesur, a participar del mismo.

En la segunda resolución, la convocatoria es para las transportadoras Transener, Tranba (Buenos Aires), Transpa (Patagonia), Transco (Comahue), Transnea (Noreste), Transnoa (Noroeste) y Distrocuyo y el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).

Ambas resoluciones determinaron que el ENRE facilitará la realización de diversas instancias de participación ciudadana, convocando a tal fin a las personas usuarias y a las asociaciones de defensa del consumidor, a fin de ser informados de las distintas etapas del citado procedimiento, garantizando su publicidad y el derecho de acceso a la información.

El Ente remarcó que “en las adecuaciones tarifarias transitorias se deberá atender a garantizar la continuidad de la normal prestación de los servicios, como así también la implementación de los mecanismos de participación ciudadana correspondientes”.

También destacó que “la participación de los usuarios y usuarias con carácter previo a la determinación de la tarifa, constituye un factor de previsibilidad, integrativo del derecho constitucional a una información adecuada y veraz”.

Asimismo, subrayó que esta intervención “otorga una garantía de razonabilidad para el usuario y la usuaria y disminuye las estadísticas de litigiosidad sobre las medidas que se adoptan”.

El Ente puntualizó que con las audiencias públicas “se busca reducir la asimetría de información entre las empresas distribuidoras, las personas usuarias y el organismo de control”.

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