El jefe de Gobierno porteño recibió un tirón de orejas por parte de la cúpula del PRO, mas precisamente de parte de Patricia Bullrich, presidenta del partido y de Mauricio Macri, por no alinearse en los bombardeos cotidianos que lanza esa fjuerza opositora contra el oficialismo. El alcalde porteño con aspiraciones presidenciales agachó la cabeza y se sometió a las instrucciones impartidas en el ZOOM partidario de todos los lubes.

Con el libreto en la mano, Larreta salió públicamente a defender el único bastión de poder que le queda al macrismo, la justicia adicta y persecutoria. Dijl que “la idea de crear una comisión legislativa ad hoc para ‘controlar’ a los jueces es abiertamente inconstitucional” y se opuso “con firmeza”. “En un sistema republicano como el nuestro, es esencial que exista una clara división de poderes”, enfatizó.

Recordó que la Constitución argentina establece “el sistema de frenos y contrapesos” entre los poderes justamente “para evitar que un poder político que deviene de mayorías circunstanciales pueda entrometerse en otro poder que debe ser independiente”.

“Si permitimos que se busque condicionar a la Justicia, primero nos quedaremos sin república; y, luego, sin democracia”, advirtió Larreta a través de sus redes sociales.

Sin embargo Larreta y toda la runfla que lo secunda, mienten. Ya existe un órgano político encargado de revisar el comportamiento de los jueces, el Consejo de la Magistratura, y eso no va a cambiar. Lo que se propone desde el oficialismo es la creación de una Comisión Bicameral del Congreso que ponga el ojo en un sector de la justicia que sí está totalmente politizada y juega electoralmente. Esto es, observar, investigar y denunciar y proponer soluciones. Atribuciones que le caben al Poder Legislativo sin ninguna duda.

Esta mañana la ministra de Justicia Marcela Losardo lo explicó con total claridad. “La comisión bicameral es un órgano de asesoramiento no permanente para un asunto determinado. No puede arrogarse atribuciones de otros poderes como son las cuestiones disciplinarias y sancionatorias porque eso sería inconstitucional”, aseguró la funcionaria en declaraciones radiales a El Destape.

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La funcionaria explicó que la comisión estudiará al Poder Judicial y, si lo considera necesario, elevará informes para mejorar su funcionamiento, pero de ninguna manera tiene como objetivo interrogar magistrados y eventualmente destituirlos.

“En realidad lo que planteó el Presidente es que el Congreso asuma el rol cruzado. Es lo que plantea la Constitución en un sistema republicano y democrático donde se establece que los poderes se controlan entre sí. Acusar y llevar adelante un juicio político son facultades que tienen otras instituciones”, explicó Losardo.

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