Laura Alonso
La no abogada pero aún titular de la Oficina Anticorrupción pone la lupa en el INCAA. Mientras tanto en Macrilandia se roban todo.

Mientras el gobierno de Cambiemos saquea todas las áreas de gobierno, hace negocios turbios como el Riachuelo, la familia del presidente se beneficia con autocondonaciones de deudas millonarias con el Estado y en pleno escándalo por las coimas de Odebrecht -que tiene nervioso a todo el Gabinete- más los ya incontables ‘conflictos de intereses’, la no abogada y titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso pone la lupa en todo lo que tenga que ver con el kirchnerismo.

Según se conoció esta tarde Alonso presentó una denuncia contra dos ex funcionarias del gobierno anterior; la diputada del FPV-PJ, Liliana Mazure, Lucrecia Cardoso y el recientemente eyectado titular del organismo, Alejandro Cacceta. En la denuncia, la OA cuestionó la contratación del complejo de salas “Artecinema” perteneciente a la empresa Grupo Aleph S.A. 

«En el contrato se acordó que el Incaa haría uso de la sala entre mayo y diciembre de 2011, y que se quedaría con todo lo recaudado por venta de entradas. Si bien el contrato era hasta fines de 2011 (luego prorrogado un año más) los pagos continuaron hasta junio de 2016. Además, el INCAA extravió el expediente del contrato», detalló la OA.

En ese marco, indicó que, durante el 2015, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales «abonó la suma de 66.550 pesos mensuales, monto al que, por lo visto, se arribó a partir del arbitrario e infundado criterio de los funcionarios del Instituto”.

Además, indicó que la empresa Grupo Aleph, «sin sustento legal, retuvo el 50 por ciento de los ingresos obtenidos por recaudación de boletería, cuando en el contrato del 2011 se establecía claramente que la totalidad de los ingresos eran para el Incaa».

«A esta situación se agrega que Pablo Rovito, uno de los dueños de Grupo Aleph, fue también rector del Enerc, dependiente del Incaa», subrayó la OA en el comunicado que difundió hoy con detalles de la denuncia que, ahora, deberá evaluar el juez federal Daniel Rafecas, con intervención de un representante del Ministerio Público Fiscal.

Alonso denunció también la presunta contratación irregular de servicios de traslados a nivel nacional, a través de automóviles y combis, para diversos eventos desde noviembre de 2015 a diciembre de 2016, por un valor superior a los 1,8 millones de pesos.

«Estos servicios de transporte (brindados por Javier Emanuelli) corresponden –principalmente- a tres festivales: Pantalla Pinamar 2016, Ventana Sur (2015 y 2016), y el XXXI Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. La contratación por estos servicios debió hacerse en el marco de una licitación pública pero, en vez de eso, simplemente se aprobaron los pagos luego de realizados los viajes», detalló el escrito.

La investigación de la OA se inició por una presentación del Ministerio de Cultura de la Nación a cargo de Pablo Avelluto y que le valió la salida apresurada al ex titular del organismo designado por Cambiemos, Alejandro Cacetta. 

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