Ya está listo el proyecto de ley que legaliza el Lobby en Argentina

Lo llaman "Gestión de Intereses", pero es lisa y llanamente Lobby, igual que sucede en los Estados Unidos, empresarios interesados podrán reunirse oficialmente con funcionarios para influir en la toma de decisiones. El proyecto ya entró a la Cámara baja y sería tratado en comisiones la semana próxima.

Lobby Político
En Argentina está prohibido por ley, sin embargo el gobierno busca legalizarlo con un proyecto que ya está listo para ser debatido.

Luego de nueve meses de debates y a más de un año del anuncio de Macri, el proyecto de «Ley de Gestión de Intereses» comienza su camino hacia el debate y la votación sobre tablas la semana próxima, cuando entraría al tratamiento en comisiones.

«Regular la actividad y publicidad de la gestión de intereses ante los diferentes organismos del Estado nacional», sostiene el artículo uno del proyecto que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Según el texto, el lobby es «la actividad destinada a influir sobre el proceso de toma de decisiones… a favor de un interés propio o ajeno, sea de modo remunerado o gratuito, habitual u ocasional, planificado o incidental».

¿Cuáles son las decisiones sobre las que recae la gestión de lobby? Expedientes administrativos en curso y resueltos, la elaboración y «negociación» de proyectos de ley o cualquier otra norma que pueda ser sensible a lobby, los procesos de contratación de bienes y serviciospor parte del Estado a empresas, o la elaboración e implementación de políticas públicas, entre otros.

La iniciativa se aplicará tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo, los Entes reguladores, los empleados que representen al Estado como miembros del órgano de administración y también en el ámbito judicial y ministerio público a los jueces, secretarios y demás funcionarios.

Uno de los principales puntos es la «igualdad de trato». Esto implica que si un funcionario recibe a un actor implicado en un debate público (por ejemplo, Telefónica por una nueva norma de telecomunicaciones), deberia también reunirse con otros eventuales afectados o participantes (un competidor como Telecom, gremios del rubro o asociaciones de consumidores), para brindar sus puntos de vista.

En el caso de los incumplimientos, como no agendar una audiencia particular, las autoridades de aplicación de cada uno de los poderes, fijará una sanción correspondiente, que podría llegar a pedir la renuncia del funcionario.

Sin embargo, el texto del proyecto admite «supuestos que quedarían excluidos del régimen que se propicia instaurar» dejando una ventana a la posibilidad de reuniones no categorizadas como «de gestión de intereses», entre las que enumera «las audiencias solicitadas por personas humanas por asuntos privados, excepto que involucre intereses económicos de importancia tal que pueda resultar de interés público; las entrevistas laborales y las de solicitud de asesoramiento técnico a personas humanas o jurídicas, y las audiencias solicitadas por funcionarios públicos o diplomáticos de Estados extranjeros».

Con todo esto, según especialistas, la expectativa y las dudas entorno a la intención de Macri de legalizar el lobby surgirán, de ser debatida y sancionada en el Congreso, a la hora de su reglamentación, ya que allí «jugará» fuerte cómo se implementará una norma que legislará en la órbita de los frecuentes conflictos de intereses del Ejecutivo, un campo que trajo serios problemas al Gobierno.

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