El canciller mexicano, Luis Videgaray aseguró este miércoles que “hay que dejar claro de la manera más enfática que el Gobierno y el pueblo de México no tienen por qué aceptar disposiciones que, de manera unilateral, un Gobierno quiere imponer a otro. No lo vamos a aceptar”
De esta manera anticipó claramente la postura de su gobierno frente a las recientes decisiones adoptadas por el presidente estadounidense Donald Trump en materia migratoria, entre ellas la de deportar de manera compulsiva a miles de ciudadanos mexicanos residentes en EE.UU. con o sin documentación en regla.
Además sus afirmaciones se produjeron pocas horas antes de sus reuniones con el secretario de Estado, Rex Tillerson y de Seguridad Nacional, John Kelly, agendadas para este jueves.
Hasta este miércoles, el Gobierno mexicano había manejado con extrema prudencia la visita de los dos altos funcionarios estadounidenses, habida cuenta de los graves tropiezos del gobierno mexicano frente a Trump en los meses previos a su asunción como presidente.
Sin embargo, Videgaray se ha visto obligado a salir al paso de las nuevas directivas que publicó este martes el departamento liderado por Kelly, que permiten poner en práctica los decretos de Trump en materia de seguridad fronteriza e inmigración y que, en los hechos, abren la puerta a una deportación masiva de inmigrantes indocumentados, en buena parte mexicanos, y a la construcción del muro fronterizo que Trump insiste en hacer pagar a su vecino.
La agenda de los encuentros que proporcionó el Departamento de Estado –la Secretaría de Exteriores mexicana se ha mostrado muy cauta- a principios de semana es tan escueta como vaga: “Cuestiones relacionadas con la seguridad fronteriza, la cooperación en la aplicación de la ley y el comercio”.
Ambas partes quieren hacer calar la idea de que hay temas en común a discutir más allá del muro fronterizo que ya ha separado tanto a los dos Gobiernos y que tanto indigna a los mexicanos.
“El muro es solo parte de una relación más amplia que tenemos con México”, aseguraron fuentes del Gobierno estadounidense, aunque admitieron que sobre este punto existen “claras diferencias en la cuestión del pago”.
