La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por la oposición, abrió este martes un proceso para determinar la responsabilidad del presidente Nicolás Maduro en la crisis política y económica del país, y lo citó para que ejerza su defensa frente a los cargos en una sesión que se llevará a cabo el próximo 1 de noviembre.
El endurecimiento de los legisladores frente al gobierno de Maduro se produjo un día después de que, con la mediación del papa Francisco y el impulso de la Unasur, se anunciara el inicio de un “diálogo nacional” entre el oficialismo y la oposición y casi en simultáneo con el regreso del jefe de Estado al país, después de una gira por Medio Oriente y una visita a El Vaticano.
La Asamblea aprobó el inicio de un proceso para la evaluación y determinación de la responsabilidad política de Maduro en la crisis del país y convocó al mandatario para que exponga el 1 de noviembre sobre las “graves violaciones a la Constitución, los derechos humanos y la democracia” que se le imputan, así como la influencia de sus políticas en la “devastación de la economía” venezolana.
“Es un proceso que se inicia este martes con la intervención de diputados oficialistas y opositores. Seguimos exactamente en la hoja de ruta” que plantea determinar responsabilidades de otros poderes públicos por violar la Constitución, señaló el jefe del grupo de diputados opositores, Julio Borges.
Las leyes venezolanas no prevén la posibilidad de destitución del presidente del país a partir de un juicio político parlamentario como existe en otros países de la región.
En cambio, disponen que el mandato del jefe del estado puede ser revocado a través de un referendo como el que la oposición exigió durante meses y que acaba de ser bloqueado por las autoridades electorales, dependientes del chavismo.
El oficialismo, que se opuso a la apertura del proceso, desestimó las decisiones del Poder Legislativo debido a que su actuación no generará consecuencias directas, ya que sus actos son nulos desde que fue declarada en desacato por el Supremo venezolano.
“Solicito preparar un expediente para llevar a un posible juicio penal contra el presidente, un juicio político y que se investigue el abandono del cargo, tal como está en la Constitución”, dijo el opositor Borges en la Asamblea.
Desde el chavismo, el jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez, denunció que la oposición pretende dar un golpe de estado contra Maduro con herramientas similares a las utilizadas en Brasil para destituir a Dilma Rousseff.
Otro dato político de importancia surgido en este jornada fue la aparición del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, quien leyó un comunicado en nombre de las Fuerzas Armadas en el que rechazó la acusación del Parlamento en el sentido de que Maduro rompió el orden constitucional con la suspensión del proceso para la activación del referendo revocatorio.
Padrino consideró que la declaración parlamentaria, emitida el pasado domingo, busca “afectar gravemente la institucionalidad para derrocar el Gobierno legítimamente constituido del señor Nicolás Maduro”.
En tanto, para este miércoles la oposición ha convocado a una “toma de Venezuela, de punta a punta” para denunciar al gobierno por la suspensión del referendo revocatorio, una decisión tomada por las autoridades electorales por considerar que el antichavismo cometió un fraude en el proceso de recolección de firmas para avalar la convocatoria a la consulta popular.
El ex candidato presidencial Henrique Capriles confirmó la realización de esas protestas, que no serán suspendidas por el inicio del diálogo y dijo que el estado de movilización continuará hasta que se restituya el orden constitucional en el país.
