A pedir de Macri: diputados se prepara a ponerle fecha de vencimiento al mandato de Gils Carbó

El proyecto limita el mandato del procurador a cinco años, pero no aclara la situación de Gils Carbó. La oposición criticó las amplias facultades de control que tendrá la comisión bicameral. El debate en el recinto será el miércoles 26.

Nueva embestida contra Gils Carbó
Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de la Nación.

El gobierno nacional, empujado por las ambiciones del presidente Macri busca, desde el inicio de su gestión, sacarse de encima cuanto antes a la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Hace poco lo logró con el titular del Banco Central, Alejandro Vanoli a quien la justicia lo persigue por la causa del Dólar Futuro; maniobra orquestada por el círculo más íntimo del Mauricio Macri, que permitió a estos mismos alzarse con cifras millonarias, al pactar el valor que el Estado pagaría por los títulos en manos privadas. Un buen ejemplo es el de Mario Quintana, miembro de la mesa chica y ex CEO del Grupo Pegasus y Farmacity, que se alzó con una utilidad superior a los 11 millones de dólares.

Ahora el objetivo es Gils Carbó, y por ello luego de una extensa negociación con los «opositores aliados», consiguió introducir numerosos y profundos cambios sobre la versión original, y obtuvo dictamen del proyecto que reforma la Ley del Ministerio Público, con el que Cambiemos busca acotar el mandato del procurador general y dar amplias facultades de control a una bicameral del Congreso.

La iniciativa fue avalada al cabo de un plenario de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo logró destrabar el debate gracias a un acuerdo alcanzado con el Frente Renovador de Sergio Massa, el autodenominado «arbitro» entre las fuerzas de poder.

De esta manera, el proyecto sería votado en el recinto de la Cámara baja el próximo miércoles 26, mientras que el Senado se prepara para discutirlo en comisiones una semana después, según la agenda que elaboró el oficialismo a poco del cierre del período ordinario de sesiones.

El dictamen de reforma del Ministerio Público fue acompañado por el massismo y rechazado con énfasis por la izquierda y el Frente para la Victoria, al tiempo que recibió algunas objeciones por parte del bloque Justicialista de Oscar Romero y Diego Bossio.

El titular de la Comisión de Justicia de la Cámara baja, Diego Mestre (UCR), explicó una a una –según adelantó el sitio parlamentario.com- las modificaciones que sufrió el proyecto enviado en abril por el Poder Ejecutivo, y defendido por el ministro del área, Germán Garavano.

En primer lugar, el radical destacó que, por pedido de toda la oposición, se eliminó la figura de los cuatro subprocuradores, con los cuales el Ejecutivo pretendía descentralizar el poder que hoy ostenta Gils Carbó.

De esa forma, resaltó el diputado, “se devolvieron al procurador las facultades plenas de conducción del Ministerio Público Fiscal y la conducción de la política criminal”.

Además, reconoció que en el dictamen “se le dieron muchas funciones a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público”, que se constituyó el 13 de septiembre bajo la presidencia de la jefa del bloque massista, Graciela Camaño.

Mestre señaló que “no sólo se legitimaron las facultades de la bicameral, sino que va a tener participación en cuanto a los traslados de fiscales y la creación de procuradurías especializadas”, dos de las acciones que deberán ser aprobadas por la comisión.

El legislador también informó que “se modificó el proceso de remoción del procurador”, dado que “el proyecto original preveía la posibilidad de que se iniciara con un decreto del PEN”, algo que fue eliminado.

El proyecto facilita la fase de acusación del juicio político, ya que Diputados podrá superarla de oficio y con mayoría simple, aunque luego el Senado –como cámara juzgadora- deberá convalidar el proceso con las dos terceras partes de los miembros.

El mandato del procurador general durará cinco años –con posibilidad de una reelección por el mismo período-, pero en ninguna de las cinco cláusulas transitorias del dictamen se aclara qué sucederá con Gils Carbó, un tema que podría terminar en la Justicia.

Las críticas de la oposición

La primera en cuestionar el proyecto fue Myriam Bregman (PTS), quien pidió volver a discutirlo en asesores porque “este proyecto es muy distinto al que se trató y al que escuchamos opinar en las reuniones” donde asistieron funcionarios judiciales y especialistas.

La legisladora criticó que se cree una Procuraduría de Terrorismo y sugirió que el Gobierno podría valerse de la ley para “criminalizar la protesta social”, pero el macrista Pablo Tonelli le salió al cruce y recordó que “en Argentina el terrorismo no es una entelequia, no es un fantasma”, al poner como ejemplo el atentado a la AMIA.

Por el Frente para la Victoria, Emilia Soria exhibió ante los legisladores un ejemplar de la Constitución, para graficar que los principios de “división de poderes” y “autonomía y arquitectura del Ministerio Público” resultan “absolutamente desconocidos”, e ironizó que la Carta Magna “se consigue en cualquier kiosco”.

Soria consideró que “cinco años es un plazo insuficiente para llevar a cabo la política criminal” y apuntó que su bloque proponía fijar ese plazo en siete años, a la vez que criticó las “facultades exorbitantes” que se le otorgan a la comisión bicameral.

“Si Gils Carbó tiene tantas falencias, ¿por qué no avanzamos en un juicio político?”, se preguntó la rionegrina en referencia a la jefa de los fiscales designada por el gobierno kirchnerista en reemplazo de Esteban Righi.

El kirchnerista Rodolfo Tailhade lamentó que “el Frente Renovador ha impuesto las condiciones” para garantizar la aprobación de la ley, y asimismo se preguntó “por qué no hay una cláusula transitoria sobre la situación de la procuradora”.

Pablo Kosiner, del bloque Justicialista, opinó que “sería una mala señal debatir este proyecto en el marco de un eventual interés del Gobierno de desplazar a la procuradora”, y opinó a su vez que “fue un gran error suspender la vigencia del Código Procesal Penal” porque “la sociedad argentina demanda mejores herramientas para la sanción de los delitos”.

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