El juez federal Ariel Lijo recibirá un pedido para suspender las declaraciones testimoniales de todos los presuntos donantes de la fundación SUMA, de Gabriela Michetti, también se le solicitará a la AFIP toda la documentación fiscal sobre los aportes que debería constar en sus declaraciones juradas.
El pedido apunta a la sospecha de que la lista de testigos propuestos por la defensa de la vicepresidente forma parte de su entorno o depende funcionalmente de ella. De este modo, no habría forma de comprobar si efectivamente realizaron el aporte que Michetti declaró que fue robado de su domicilio el 22 de noviembre pasado.
Sucede que los contadores que prestaron testimonio y los empresarios allegados a la hermana de la vicepresidente declararon colaboraciones para la cena solidaria de SUMA, pero dijeron que no les dieron un recibo por la operación. Además, en todos los casos se hizo en efectivo, por fuera de los canales bancarios requeridos para este tipo de ONG.
El abogado Leonardo Martínez Herrero, denunciante original de la causa, señalará ante el juzgado de Lijo y la fiscalía de Guillermo Marijuan que conste que en la causa en la que se investiga el origen del dinero robado -unos $185 mil- se violó la normativa 3.166/2011 de la AFIP que establece que las donaciones de dinero deberían haberse hecho mediante depósito bancario, giro o transferencia, débito en cuenta o tarjeta de crédito.
Lo mismo se apuntará sobre la declaración del arquitecto Eduardo Raposo. El denunciante pedirá que se abra una investigación por posible evasión impositiva. El profesional encargado de las refacciones en el domicilio de la vice afirmó que no recordaba cuánto dinero habían costado los materiales comprados para la reparación, que no tenía los recibos y que por sus honorarios había percibido $15 mil pero sin factura.
