La Justicia avanza sobre la ruta del dinero que le robaron de su domicilio a la vicepresidenta Gabriela Michetti para determinar procedencia y se evalúa analizar la situación patrimonial de su pareja. Fuentes judiciales consultadas por NA advirtieron que podría complicarse el futuro judicial de la Vicepresidenta si el origen de los fondos, en base a la explicación que ofreció, no está efectivamente documentada.
Michetti afronta una causa penal a raíz de la denuncia del abogado Leonardo Martínez Herrero y los diputados Rodolfo Thailade y Juan Cabandie: es por el origen supuestamente dudoso de 245.000 pesos y 50 mil dólares que le robaron de su casa particular en noviembre pasado y por el cual está acusado un integrante de su custodia, David Juan Pablo Cruzado.
La vice explicó públicamente que 200 mil pesos eran de una donación que recibió la Fundación SUMA, que ella presidía; que 45 mil eran para pagar una refacción en su casa; y que los 50 mil dólares le habían sido prestados por su pareja Juan Martín Tonelli Banfi.
En el Juzgado aguardan el pedido hecho a la Inspección General de Justicia (IGJ) para conocer el legajo de la Fundación SUMA así como de otras similares: Fundar Seguridad y Justicia (presidida por Eugenio Burzaco); Creer y Crecer (a cargo de Néstor Grindetti) y Formar (presidida por Guillermo Dietrich).
Según indicaron los denunciantes, esas fundaciones eran utilizadas para financiamiento del PRO y la sospecha que crece en Tribunales es que están “flojas de papeles”, aunque se aguarda la documentación de la IGJ reclamada por el juez federal Ariel Lijo.
