Justicia electoral de Venezuela convalida el revocatorio contra Nicolás Maduro

El Consejo Nacional Electoral dio por válidas las firmas recolectadas para el referéndum, equivalentes al 1 por ciento del padrón electoral, primera medida necesaria para abrir el proceso. Ahora la oposición deberá comenzar el trabajo de recolección de un total de firmas que represente al 20 por ciento del padrón. Mientras tanto el chavismo presentó amparos y recursos ante graves denuncias sobre suplantación de identidad en la obtención de las firmas presentadas

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tibisay Lucena, declaró completadas las dos primeras fases del proceso de activación del referendo revocatorio que la oposición exige contra el presidente Nicolás Maduro.

Según la funcionaria, la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) logró traspasar el requisito de 1% de las firmas del padrón electoral de cada provincia para acreditarla como grupo promotor del referendo.

Ahora la MUD dispone de dos días hábiles para solicitar al organismo electoral que se abra el periodo de recolección del 20% de las firmas del padrón electoral nacional necesarias para convocar finalmente el proceso refrendario. Según fuentes opositoras, se espera que esa actividad tenga lugar durante la primera quincena de septiembre próximo.

El ex presidente del CNE, actual alcalde de Caracas y una de las estrellas nacientes del chavismo, Jorge Rodríguez, había solicitado se pospusiera el anuncio, en vista de las “irregularidades” que, según el oficialismo, se cometieron durante la primera fase de recolección de firmas y que le han llevado a calificarla como “un fraude”.

El propio Rodríguez, a nombre del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de amparo para suspender los efectos de la recolección de firmas y anularla.

Para tomar en cuenta la inquietud del chavismo, Lucena también dijo que el CNE solicitará a la Fiscalía General una investigación sobre los casos de aparente suplantación de identidades –poco más de 1.300- y de duplicación de firmas detectados por el organismo en las planillas consignadas por la oposición.

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