Un nuevo análisis de expertos en el basural de Cocula, estado sureño de Guerrero, arrojó que en ese lugar habrían sido quemados 17 cuerpos, la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la escuela normalista de Ayotzinapa, en el mismo estado.
No obstante, la investigación fue cuestionada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que lo consideró producto de una decisión “unilateral”, a pesar de que Ricardo Damián Torres, vocero del Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego, afirmó que “sí existen evidencias” de que hubo un incendio controlado en el vertedero de Cocula, vecino a Iguala, donde fueron detenidos por policías municipales los jóvenes y luego entregados a un grupo criminal.
Las conclusiones del estudio contradicen dos análisis previos de investigadores, entre ellos del Equipo Argentino de Antropología Forense, que refuerzan otras evidencias según las cuales los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, que habían llegado en buses a Iguala fueron asesinados.
Una de las hipótesis es que los alumnos habrían llegado a Iguala supuestamente recaudar fondos para financiar protestas. Otra señala que los alumnos se dirigían a México DF para participar de un acto de recordación por la matanza de Tlatelolco, en 1968.
El viceprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos, indicó que en el tercer estudio sobre fuego participaron seis expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El peritaje se realizó para comprobar o desmentir la hipótesis de que los alumnos que permanecen desaparecidos fueron incinerados en ese sitio, detalló la agencia ANSA.
Los padres de los estudiantes y las organizaciones que los apoyan han desestimado la teoría del gobierno según la cual los estudiantes fueron asesinados por la banda Guerreros Unidos aparentemente al ser confundidos con miembros de la organización enemiga “Los Rojos”.
Sin embargo, la difusión de este estudio fue cuestionada por el GIEI, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que acusó a la Procuraduría General de México (PGM) de romper el diálogo y consenso que habían acordado sobre la forma de divulgar las conclusiones y la confidencialidad del proceso hasta tener resultados definitivos.
“Su mensaje hizo alusión a partes del contenido de un informe provisional que ni siquiera han sido analizadas por el GIEI”, y en la conferencia se señalaron cosas que no les explicaron en la reunión previa “ni son de consenso de los expertos de fuego”, aseguró el grupo de expertos.
