Por Gabriel Eiriz
Que los negocios del gobierno porteño son turbios, es una verdad que a esta altura nadie puede desconocer. Durante las últimas semanas se destapó una olla de denuncias producto de la presión que tenia contenida, que en tiempos electorales, se vuelve más volátil y susceptible al hervor.
Desde el emblemático Metrobus 9 de julio, que se pagó al menos el triple del valor previsto para su construcción, y si se quiere, el más irregular de todos: el de Avenida Cabildo, donde se gastó una fortuna del erario porteño para levantar un boulevard que no bien se terminó fue demolido, también a costa de las arcas del estado para luego construir un nuevo Metrobus -o como corresponde denominarlo “carriles exclusivo para colectivos”. La ola de denuncias contra las contrataciones del actual jefe de Gobierno Porteño y candidato a presidente por el Frente Cambiemos, Mauricio Macri se convirtió en un verdadero Tsunami que se lleva a su paso, todas las aspiraciones presidenciales del alcalde de la Ciudad.
Sin lugar a dudas, la trascendencia de las contrataciones irregulares -por no llamarlas ilegales- que realizó el gobierno porteño con la productora La Usina, propiedad –en aquel entonces- del periodista deportivo y excandidato a diputado por el Frente Cambiemo, espacio que integra el PRO junto a otras fuerzas, Fernando Niembro, fue la gota que rebasó, no el vaso, sino un balde de denuncias que enlodan a Jefe de Gobierno y a su entorno más cercano.
Se trata de contratos presuntamente ilícitos, ocultados deliberadamente, que no fueron publicados en el Boletín Oficial como especifica la normativa vigente y que uno a uno, van camino a constituirse en un verdadero “Modus Operandi” diseñado para repartirse, sabe Dios entre quienes, millones de pesos de las arcas del estado y que posiblemente terminen erosionando al empresario devenido en dirigente político en su carrera hacia la Rosada.
El juez Federal Sebastián Casanello ordenó la semana pasada dar curso a las medidas de prueba sugeridas por el titular de la fiscalía criminal y correccional federal 7, Ramiro González, quien imputó al ex candidato y al que era su socio en la productora beneficiada por el gobierno porteño, Atilio Meza, por presunto lavado de activos de origen ilícito de una suma cercana a los 20 millones de pesos.
Según informaron fuentes judiciales, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó varias medidas de prueba para profundizar la investigación, como la solicitud de información a la AFIP y al Banco Central, así como también a otros organismos públicos nacionales.
A la vez, requirió al ente recaudador de la provincia de Buenos Aires, ARBA, información sobre la deuda que «La Usina Producciones» registraría ante esa agencia, y a los Hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata, que informen si los imputados son titulares registrales de studs o boxes.
La causa quedó radicada en el juzgado federal 7, a cargo de Sebastián Casanello, bajo los autos «Rodríguez Larreta y otros s/ abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público», dado que fueron denunciados los titulares de los ministerios que contrataron a la empresa de Niembro.
La denuncia involucra, además del jefe de Gabinete porteño, a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley; a la ministra de Salud porteña, Gabriela Mabel Reybaud; y al secretario de Comunicación Social, Facundo Gaytán, por «incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la administración pública y administración infiel».
Para agregar una mancha más al tigre, la empresa fundada por el periodista no estaba inscripta en el Registro Público de Agencias de Publicidad y Productoras Publicitarias, tal como lo establece la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para quienes comercializan espacios en los servicios de radiodifusión. En pocas palabras, La Usina no tenía un solo empleado y tampoco estaba habilitada para prestar los servicios para los que fue contratada.
Sin embargo los contratos con Niembro no son un caso aislado, la empresa Sinergya, creada por el ex legislador del PRO Avelino Tamargo, también fue beneficiada con contratos millonarios, entre algunas de las contrataciones figuran la realización y producción de eventos populares como los shows de la artista juvenil, Violetta y las exclusivas clínicas del líder espiritual indio, Sri Sri Raví Shankar, fundador de la ONG El Arte de Vivir.
La compañía facturó más de 22 millones de pesos en apenas tres años. Sólo tiene tres empleados declarados y mantiene la misma modalidad de contratación que La Usina Producciones.
Como si esto fuera poco, el candidato a diputado de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Amadeo, reconoció días atrás, que el Observatorio Social, asociación que actualmente preside, también recibió distintos subsidios y firmó convenios con el gobierno de Mauricio Macri, aunque aclaró en su defensa que “él a diferencia de Niembro, sí realizó los trabajos encomendados”
Es legitimo pensar que con estas tres causas alcanza para presumir que el candidato a presidente de la derecha argentina no es el hombre honesto y transparente que viene a cambiar la forma de hacer política, tal como él mismo se presenta, pero no, mejor no hablar de ciertas cosas, o sí. Ahora se conocieron una nueva serie de denuncias presentadas por distintos medios del interior del país que se encontraron con pautas publicitarias millonarias del gobierno de la Ciudad, que en algunos casos nunca fueron tramitadas y mucho menos cobradas.
La radio Ahijuna FM 94.7, de Bernal, es una de las afectadas por este tipo de contrataciones irregulares. Al conocerlas y tras investigar a fondo su contrato, decidió cortar todo tipo de vínculo inmediatamente. “Empezamos a detectar que nuestro medio figuraba con cifras que diferían mucho de lo que habíamos facturado”, reveló Martín Iglesias, director de la emisora. Y detalló: “Teníamos facturados $35.000, IVA incluido, y según el portal oficial Buenos Aires Data, se nos asignaron $620.000.
Tras detectar esta anomalía, la radio decidió no emitir más las publicidades de la Ciudad. “Ni bien detectamos esta irregularidad, en julio, cortamos la salida al aire de los spots, dejamos de facturar la pauta y procedimos a elevar una denuncia penal para que la Justicia investigue esta situación”, aseguró Iglesias. Las denuncias apuntan al secretario de Medios, Miguel de Godoy, y el secretario de Comunicación Social, Pablo Gaytan, y podrían sumarse a la querella también otras siete radios comunitarias y un canal de Misiones. Las publicidades hacían referencia a algunos cursos a distancia y cuestiones turísticas.
También hay que destacar las operaciones en materia inmobiliaria y de privatizaciones. Según parece Mauricio Macri quiere aprovechar sus últimos meses como jefe de Gobierno para avanzar en la privatización de distintos espacios públicos: desde polideportivos y bajo autopistas, hasta museos y centros culturales. Ni el Planetario queda afuera del plan de negocios lanzado por el líder del PRO, consignó en un informe el diario Tiempo Argentino.
Se trata de una larga lista de licitaciones presentadas recientemente por la Dirección General de Concesiones, cuyo titular es Gabriel Astarloa. El área depende del Ministerio de Desarrollo Económico que encabeza Francisco «Pancho» Cabrera, artífice de muchos de los negocios inmobiliarios del gobierno de la Ciudad.
En este tramo final de la gestión Macrista, Cabrera viene teniendo una actividad intensa. Es el funcionario que impulsa los proyectos para concesionar el Autódromo «Oscar y Juan Gálvez» (con un fideicomiso a 30 años y varias exenciones impositivas) y vender en subasta pública el centro comercial del Buenos Aires Design y una fracción del predio ferial El Dorrego.
En esta oportunidad, Cabrera propone un menú de concesiones con una duración de cinco años, lo que permite al Ejecutivo evitarse la tarea de conseguir el visto bueno de la Legislatura. Es decir, el gobierno está habilitado a poner en práctica este paquete de medidas sin pasar por el tamiz de la oposición parlamentaria.
Completan esta lista de “irregularidades” la sugestiva doble vara que utiliza La Ciudad para tratar con el Grupo Clarín. Mientras que le alquila el estacionamiento de Canal 13 en Constitución por un valor irrisorio para la superficie que tiene, SBASE le abona a un fideicomiso del grupo multimedio un millonario monto en dólares por un galpón que usa para guardar vagones del subterráneo.
El predio, de 14 mil metros cuadrados, se abonan a razón de 8,25 dólares mensuales cada uno. Es decir, la Ciudad de Buenos Aires a través de SBASE le paga al fideicomiso Loma XXI (del mismo grupo multimedios) la suma de 115.500 dólares mensuales de alquiler más IVA, lo que eleva el monto a U$S 139.755.
A todas luces este entramado de negocios, contrataciones directas y pautas truchas, que nunca debieron trascender, constituyen un verdadero “Modus Operandi” con tufillo a negociado que viene operando el gobierno porteño con el claro objetivo de quedarse con millones de pesos de los contribuyentes de la ciudad, para luego repartirselos entre amigos, funcionarios y empresarios del entorno más íntimo de quien hoy pretende convertirse en el presidente de los argentinos y que no vacila en señalar al gobierno Nacional como el eje de todos los males y el centro de corrupción más obseno de la Argentina. Pero, primero habría que mirar como andamos por casa.
excelente editorial