El bloque oficialista del Consejo de la Magistratura dio por aprobada la designación del diputado de PRO Pablo Tonelli como integrante del cuerpo, en una banca que el Frente para la Victoria (FpV) tenía asignada hasta 2018.
Lo hizo sin permitir deliberación alguna, con la misma línea que el macrismo imprime a todos los actos de gobierno, y consiguió en cuestión de horas que la Corte Suprema le tomara juramento en un acto sorpresa, casi vacío, después de firmar una acordada igualmente express, que convalidaba la votación del cuerpo sin tratar un planteo de los consejeros disidentes. Ellos denunciaban irregularidades en la sesión plenaria y reclamaban al titular supremo que se abstuviera de concretar la jura.
Recalde: “se violaron principios republicanos de defensa y debido proceso y la Corte pasó por alto dos peticiones nuestras
Con Tonelli convertido en consejero, el oficialismo del Consejo quedó a un voto de tener la mayoría especial (de dos tercios de los presentes), que es la necesaria para las decisiones más importantes de este organismo: selección de jueces y apertura de juicios políticos. Esto lo acerca a dominar esas votaciones, pero no lo garantiza.
Es posible que en muchos casos sigan trabadas, porque la oposición conserva poder de bloqueo. Hoy son ocho los consejeros alineados con el macrismo (entre Tonelli, dos radicales, dos jueces, dos abogados y el representante del Poder Ejecutivo) y cinco los opositores (tres legisladores del Frente para la Victoria, el académico y una jueza).
A diferencia de cualquier otro juramento, el de Tonelli no fue anunciado ni difundido. El presidente del Consejo, el abogado Miguel Piedecasas, se enteró casi de casualidad porque al flamante consejero se le ocurrió llamarlo por teléfono sobre la hora, justo cuando también le avisaban a la secretaria del organismo.
El acto, en el cuarto piso de la Corte Suprema, fue mínimo: se hizo con la presencia de Lorenzetti, de los consejeros Luis Cabral (juez), Adriana Donato (abogada), además de Piedecasas y algún que otro secretario en un sector que en otros tiempos ocupaba Carlos Fayt. Juan Mahiques, el representante del Poder Ejecutivo llegó cuando había terminado. El FpV y sus aliados supieron la noticia con el hecho consumado.
La discusión por la banca en el Consejo se remonta a diciembre, cuando venció el mandato como diputada de Anabel Fernández Sagasti (FpV), quien también era consejera. Pero ese cargo, que originalmente ocupaba Wado de Pedro y dejó cuando se fue a la secretaría de la Presidencia, dura hasta 2018, como otros representantes parlamentarios. Por eso el bloque del FpV eligió sin dudar al santafesino Marcos Cleri para que completara los dos años restantes.
Sin embargo, el interbloque Cambiemos, apareció con el nombre de Tonelli, con la interpretación de que ellos ahora son mayoría en la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara, Emilio Monzó (PRO), aprobó esa lectura y nombró a Tonelli el 23 de diciembre último. La ley del Consejo dice que lo integran, desde el ámbito parlamentario, tres diputados y tres senadores, dos por la mayoría y uno por a primera minoría respectivamente. No dice que si cambia la composición parlamentaria van cambiando los consejeros. Los que están completan su mandato de cuatro años.
El polémico nombramiento generó denuncias judiciales varias. La primera medida cautelar para frenar su asunción fue dictada por una jueza subrogante en La Pampa, Iara Silvestre. El mismo día, todavía a fines de 2015, la Corte Suprema ante un planteo de Héctor Recalde, titular del bloque FpV y consejero, también puso freno a la jura y le indicó al propio Consejo de la Magistratura que primera resolviera la impugnación del elegido de PRO. Otras dos medidas impidieron que el Consejo tratara el tema: una cautelar de la jueza subrogante en Santa Cruz, Andrea Askenazi, luego revocada, y la semana pasada, una precautelar del juez tucumano Fernando Poviña, que quedó sin efecto el viernes. Sin perder ni un segundo, el oficialismo llamó a un plenario extraordinario para ayer al mediodía.
La reunión empezó con la presentación del hombre del Gobierno en el Consejo, Mahiques, de un dictamen que planteaba que no existe ningún impedimento para la incorporación de Tonelli y que había que cumplir con la Corte, aunque desliza que no es función del Consejo analizar los títulos. Agregaba: “la decisión de la Cámara de Diputados goza de la presunción de legitimidad de todo acto administrativo” ni está en discusión, decía, su calidad de diputado.
Ya al comienzo del encuentro, el clima estaba denso porque el oficialismo no quería esperar a Ruperto Godoy (FpV), que venía desde San Juan, y había tenido complicaciones con los horarios de los vuelos. El senador se mostró furioso en el recinto y acusó al macrismo y sus aliados de actuar de “mala fe”.
Después de que habló Mahiques, Recalde pidió un cuarto intermedio de media hora para analizar el escrito, ya que –alegó– ni él ni sus compañeros de bloque, ni la jueza Gabriela Vázquez ni el académico Jorge Candis, habían recibido el texto antes. Piedecasas le espetó un rotundo “no”, el radical Gustavo Valdés se sumó, decían que no había motivos. En el fondo, temían que apareciera una nueva medida cautelar que complicara los planes. Se armó una gran discusión, porque el kirchernismo quería debatir.
El presidente del cuerpo sometió todo a votación: el cuarto intermedio y la situación de Tonelli. Piedecasas, Cabral, Leónidas Moldes, Donato, Valdés, Angel Rozas y Mahiques rechazaron conceder tiempo alguno y después votaron el dictamen del representante del Ejecutivo para la incorporación de Tonelli.
Los cinco opositores no salían del asombro y pedían deliberar. En el fragor de la sesión, varias personas sentadas en las butacas de público se pusieron una tira negra en la boca, como para simbolizar una mordaza. Algunos tenían cartelitos que decían “mordaza judicial” y la frase “no habrá jueces macristas ni militantes”, que fue lo que Mauricio Macri dijo apenas asumió.
Una vez que la mayoría de siete votó a favor de Tonelli, la minoría desconcertada intentó hablar a los codazos para dar sus fundamentos. Fue todo tan precipitado que, por ejemplo, la jueza Vázquez contabilizó una sola votación y empezó a gritar: “¡Acá no se votó nada!”. Virginia García (FpV), se sumó. “¡Es todo nulo!”. Godoy se quejaba de que era “una vergüenza” que no pudieran expresarse. Recalde dijo que generaban “inseguridad jurídica”. El planteo central que hicieron él y su grupo es que hace falta una mayoría especial (de tres cuartos, o sea nueve de doce) para votar sobre la situación de un legislador que integra el Consejo, del mismo modo que para tratar la remoción, según el reglamento. Pero ya era tarde, les decían los demás en la cara. La votación había pasado, sin que casi nadie pudiera explayarse.
A primera hora, ante el panorama, Recalde pidió una media cautelar ante la Corte. Después de que se votó la incorporación de Tonelli, junto con los otros disidentes presentó una nota dirigida a Lorenzetti que denunciaba “los acontecimientos irregulares” en el plenario y explicaba que “sin deliberación y sin que fueran tratadas las cuestiones de gravedad institucional involucradas se tuvo por votada y aprobada ante el estupor de los presentes” la propuesta de Mahiques. “La sesión plenaria está viciada de nulidad y no es posible la toma de juramento”, advierte la carta.
La Corte hizo caso omiso, y firmó una acordada que decía que había recibido una notificación con la decisión del Consejo, que le pidió que le tome juramento a Tonelli, y en consecuencia lo haría. Al rato, apenas tres horas más tarde, estaba todo montado para eso. Piedecasas se mostró contento y le dijo a este diario que “el Consejo no podía hacer otra cosa que aceptar la designación de Diputados”.
Vázquez decía que si bien la resolución debía ser política “es obvio que el mandato del consejero saliente lo tiene que terminar el mismo bloque”. Recalde, encolerizado, dijo que era todo de una “enorme gravedad”, “se violaron principios republicanos de defensa y debido proceso y la Corte pasó por alto dos peticiones nuestras; vamos a agotar todas las vías legales”.
