La expresidenta Cristina Kirchner ingresó este lunes a las 9:35 a los tribunales federales de Retiro, donde prestó declaración indagatoria en la causa por presuntas coimas en obras públicas. Durante la mañana de hoy, CFK recusó al juez Claudio Bonadío y al fiscal Carlos Stornelli, por llevar adelante una maniobra de Forum Shopping para quedarse la causa y pidió la nulidad de todo lo actuado hasta el momento. Además le apuntó al presidente, su familia y empresarios amigos como parte de La Patria Contratista en materia de energía y obra pública. También denunció persecución judicial de parte del magistrado.
La senadora fue citada a declarar luego de que los escritos de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, y el testimonio de algunos empresarios «arrepentidos», como Carlos Wagner (ex presidente de la Cámara de la Construcción), la vincularan con la trama de corrupción que se investiga.
«Desde el 10 de diciembre de 2015 me armaron seis causas penales y todas ellas fueron radicadas en Comodoro Py. De las seis, cinco fueron iniciadas e impulsadas por Bonadío. ¿Milagro? No. ¿Fórum shopping? Algo peor: decisión política del Poder Judicial -en su más alta expresión- en coordinación con el Poder Ejecutivo y los medios hegemónicos, para ungir a Bonadío como brazo de persecución contra mi persona», dijo la expresidenta a través de sus redes sociales.
Cristina llegó a Tribunales acompañada de Juan Grabois y Eduardo Valdés. Durante su estadía en Comodoro Py, publicó un texto donde explica su situación.
Se inaugura así una nueva categoría jurídica que excede la del Juez parcial o “no Juez” que enseñaba Baigún: se trata del Juez enemigo, actor principal del Lawfare. Es la nueva estrategia regional para proscribir dirigentes, movimientos y fuerzas políticas que ampliaron derechos y permitieron salir de la pobreza a millones de personas durante la primera década y media del siglo XXI.
Hoy, Bonadío vuelve a citarme a indagatoria acusándome de ser la jefa de una nueva asociación ilícita. Esta vez con los principales empresarios de la construcción. Ya voy por la cuarta organización delictiva. Eso sí, siempre soy la jefa.
Desde hace dos años vengo pidiendo que se realice una auditoría de toda la obra pública realizada entre 2003 y 2015. En todas las instancias judiciales, mi pedido fue denegado. Los proyectos de ley presentados en ese sentido, no fueron tratados por el rechazo del oficialismo. Resulta ridículo y ofende la inteligencia, intentar hacernos creer que haya sido Néstor Kirchner quien organizó el sistema de cartelización de la obra pública a partir del 25 de mayo de 2003, en un país cuyo presidente es Mauricio Macri.
Mauricio Macri, hijo de Franco, primo hermano de Ángelo Calcaterra, hermano del alma de Nicolás “Nicky” Caputo, todos ellos socios entre sí y de otros empresarios en materia de energía y obra pública. Todos emblemáticos integrantes de la “Patria Contratista” surgida durante la última dictadura militar y consolidada durante la década de los ’80 y los ‘90. Además, resulta absurdo que dichos empresarios intenten aparecer como víctimas de ese proceso o esas prácticas.
Abundante bibliografía, investigaciones y documentación dan cuenta de un problema estructural de nuestro país.
Finalmente, recusó al juez Bonadío, al fiscal Stornelli y pidió la nulidad de todo lo actuado.
En los términos previstos por los arts. 55, 58, siguientes y concordantes del CPPN, vengo a deducir la recusación del juez interviniente, a mérito de las causales de inhibición que serán indicadas en el capítulo siguiente.
En consecuencia, solicito que V.S. se aparte del conocimiento de la causa o, en caso contrario, remita este escrito de recusación a la Cámara de Apelaciones a efectos de que resuelva la incidencia (cfr. art. 61 del CPPN).
A su vez, por razones de economía procesal y a efectos de evitar nuevas nulidades, peticiono a V.S. que se abstenga de intervenir en esta causa hasta tanto la presente recusación sea resuelta por sentencia firme. En caso de no hacerse lugar a esta solicitud, desde ya dejo expresamente planteada la invalidez de todos los actos que pudieran llevarse a cabo.
A mérito de los argumentos fácticos y jurídicos que serán desarrollados en esta presentación y en función de las pruebas requeridas en su capítulo V, desde ya solicito que se declare la invalidez de todo lo actuado en este proceso.
