En medio de la discusión por el armado de listas y el inicio de la campaña de cara a las elecciones legislativas de octubre, casualmente la Cámara Federal porteña resolvió adjudicar la causa contra la ex presidenta Cristina Fernández por supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de la voladura de la AMIA al juez federal Claudio Bonadío.
El mismo juez que ya la procesó en otras dos causas -dólar Futuro y Los Sauces- y a quien la ex presidenta acusó de perseguirla judicialmente y formar parte del «partido judicial», ahora queda a cargo de una causa sin pies ni cabeza, pero que le otorga al mediático Grupo Clarín y al gobierno las portadas de diario necesarias para seguir esmerilando la imagen de la dos veces Jefa de Estado.
En la causa Los Sauces, luego de procesarla por supuesta asociación ilícita con el propósito de beneficiar a ciertos empresarios con obras públicas, se declaró incompetente y le envió el expediente a su par, Julián Ercolini.
Esta causa no llega de manera azarosa a las manos del juez que tiene la mira puesta en todo lo que tenga que ver con el kirchnerismo sino todo lo contrario; fuentes judiciales informaron que el presidente del tribunal de alzada, Martín Irurzun, adoptó una resolución en el incidente de competencia que se había instalado entre el juez federal Ariel Lijo y su par Bonadio en torno a la causa número 14305/2015.
«Puesto a resolver la cuestión, y siguiendo el criterio de esta presidencia en casos similares al presente, corresponde que el magistrado que primero conoció en los eventos sea el que prosiga con su investigación», sostuvo en su fallo el titular de la Cámara.
La denuncia realizada por Alberto Natalio Nisman cuatro días antes de aparecer sin vida, en enero de 2015, había sido desestimada por el juez Daniel Rafecas y por la Cámara Federal, que resolvieron que no había ningún delito en la firma del Memorándum con Irán. También, Casación convalidó un dictamen fiscal en el mismo sentido. Sin embargo con la llegada de Mauricio Macri a la primera magistratura, algunos fiscales federales -afines al presidente-, la dirigencia de la DAIA y denunciantes cercanos al macrismo, volvieron a la carga con el tema por dos vías: presentaron lo que promocionaron como “pruebas nuevas” en la causa que Rafecas había archivado e hicieron una nueva denuncia con esos elementos por “traición a la patria”.
En diciembre de 2016, la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que el Memorándum de Entendimiento con Irán pudo ser una fuente o un resultado de delitos. Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa ordenaron reabrir la denuncia del fallecido fiscal contra el gobierno anterior por el supuesto encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA. Tanto Rafecas como los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero fueron apartados del caso por Casación, que les cuestionó haber resuelto de manera “prematura”, “arbitraria” y “parcial” el expediente. Además aceptaron que la DAIA fuera querellante y ordenaron que se recabaran las 45 medidas de prueba que había solicitado el fiscal -también miembro del partido judicial- Gerardo Pollicita.
