La Sala II del tribunal ratificó, el procesamiento de Cesar Milani en la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito. Según consta en el fallo dictado por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah «no contaba con disponibilidad económica declarada y comprobada para lograr la adquisición de la vivienda situada en la calle O’Higgins 3636 de La Horqueta, San Isidro, provincia de Buenos Aires».
Además confirmaron el procesamiento como supuesto partícipe necesario del militar y amigo de Milani, Eduardo Enrique Barreiro, que además está imputado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura y cumple por ello arresto domiciliario.
Los camaristas ordenaron al juez federal Daniel Rafecas que ordene varias tasaciones inmobiliarias de la casa de Milani ubicada en La Horqueta, atento a que su valor podría superar el 1,5 millón de pesos que el ex jefe del Ejército declaró en la causa. El trámite es un requerimiento judicial, pero a la vista de cualquiera salta que la lujosa propiedad supera ampliamente el 1,5 millón de dólares.
Sobre este punto los camaristas señalaron que «no puede perderse de vista que la totalidad de los informes y análisis realizados lo fueron con base exclusiva en el valor asentado en las respectivas escrituras; en particular y en cuanto a la compra del inmueble (…) se estuvo a la cifra de $1.500.000 consignada en dichos documentos y sostenida por el encausado».
Pero «la existencia de constancias que mencionan los peritos y que dan cuenta de una posible valuación mayor, no puede ser obviada (…), sino que debió y debe ser ahondada en su investigación, sobre todo si se atiende a que las características, la ubicación y fundamentalmente la superficie del inmueble en cuestión (1.150 metros cuadrados), parecerían a priori otorgar visos de razonabilidad a lo que de allí se desprende», añadieron.
«Así, resulta necesario que (…) con la mayor premura, el Sr. Juez de grado incorpore informes -de otras inmobiliarias de la zona y a través de los Sres. Peritos Tasadores- que permitan clarificar la valuación del inmueble (…) a la fecha de la operación de marras», afirmaron Irurzun y Farah.
El 12 de diciembre pasado Rafecas había procesado a Milani y Barreiro y éstos luego apelaron esa decisión, que rechazó los pedidos de nulidades y ratificó el fallo del juez de instrucción.
«Existen elementos más que sólidos, concordantes y suficientes para tener por probado, con el grado de probabilidad que requiere este pronunciamiento, que César Milani incrementó su patrimonio de manera apreciable, ilícita e injustificadamente durante el período en el cual ejerció la función pública como Director de Inteligencia del Ejército Argentino, incremento que fuera verificado entre los años 2009 y 2011», escribió el juez el 12 de diciembre pasado. En otras palabras, se afanó la plata de todos los argentinos.
El valor declarado en la escritura pública fue de 1.500.000 pesos y para intentar justificar el origen del monto faltante, Milani habría apelado a fraguar un documento, supuestamente fechado en diciembre de 2009, por el cual su amigo y compañero de armas retirado Barreiro aparecía efectuándole un préstamo de U$S 200.000 (unos $ 800.000 para esa fecha).
Pero los peritos contadores oficiales descartaron ese papel como válido porque «no tenía fecha cierta, ni tenía respaldo de movimiento bancario alguno, ni intervención de escribano o de testigos» y porque Barreiro «carecía de la solvencia económica mínima como para poder prestar una suma semejante».
Además ni Milani ni Barreiro reflejaron en sus declaraciones juradas impositivas la existencia del mutuo en cuestión.
Milani también ofreció como prueba la venta que le hizo a Barreiro de un departamento de su propiedad en la calle Moldes, en noviembre de 2010, como si hubiera sido parte del pago entre ambos, pero esa operación también quedo impugnada porque, entre otros puntos, el ex militar continuó pagando las expensas durante los tres meses siguientes a la supuesta venta. Es decir, todas las pruebas que intentó meter Milani son truchas.
Milani está preso desde el 17 de febrero en el pabellón para detenidos por delitos de lesa humanidad de la Unidad 31 de Mujeres del penal federal de Ezeiza.
