La renuncia de Elena Highton a la Corte Suprema de Justicia deja una vacante en el máximo tribunal y el nombre para su reemplazo tendrá que ser elegido por el presidente Alberto Fernández y aprobado por el Senado con una mayoría especial que el oficialismo, por el momento, no tiene.
La Constitución Nacional establece, en su artículo 99 inciso 4, que el Presidente de la Nación «nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto».
De esta manera, Fernández tendrá que buscar a un candidato o candidata para el cargo que Highton dejará en noviembre próximo y enviar su pliego a la Cámara alta que preside Cristina Kirchner, para que lo trate, en primer término, la Comisión de Acuerdos.
No obstante, el procedimiento es más extenso y está regulado por el decreto 222/2003, el cual indica que «una vez producida la vacante» el Ejecutivo tiene un «plazo máximo de 30 días» para «publicar en el Boletín Oficial y en por lo menos dos diarios de circulación nacional, durante tres días, el nombre y los antecedentes curriculares» de la persona en consideración para el cargo.
Tras esa publicación, ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, colegios y asociaciones profesionales, entre otras entidades, tienen 15 días para presentar ante el Ministerio de Justicia sus apoyos o impugnaciones fundadas frente al candidato considerado para el cargo.
Concluido ese período, se abre un nuevo plazo de 15 días para que el Poder Ejecutivo decida si eleva o no el pliego al Senado para su tratamiento y, en caso de que lo envíe, la Comisión de Acuerdos deberá activar el mismo procedimiento: publicación del nombre del candidato y sus antecedentes en diarios de circulación nacional y un plazo de 15 días para recibir observaciones.
Ese cuerpo parlamentario que actualmente encabeza la mendocina Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) deberá convocar a una audiencia pública para que el candidato propuesto por el Presidente defienda su postulación y responda preguntas de los senadores nacionales.
Si obtiene dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, el pliego pasa a ser tratado por el pleno del Senado en el recinto, donde se requiere de una mayoría agravada de dos tercios de los presentes, un total de 48 votos si asisten los 72 senadores que componen a la Cámara alta.
Actualmente la bancada oficialista no alcanza ese número, dado que tiene 41 bancas y, para llegar a los dos tercios, necesitaría que se ausente parte de la oposición, pero además, si los resultados de las elecciones primarias se repitieran en las legislativas de noviembre, quedaría todavía más lejos, con unos 35 votos propios.
Por esta razón, la designación de un juez de la Corte Suprema requiere de un consenso significativo entre las distintas fuerzas políticas.
Los últimos dos jueces aprobados por el Senado para integrar la Corte fueron Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, actuales presidente y vicepresidente del máximo tribunal, que fueron propuestos en 2016 por el ex presidente Mauricio Macri.
Aquella fue una designación accidentada debido a que Macri intentó nombrarlos por un decreto de necesidad y urgencia (DNU), lo cual va en contra de lo que establece la Constitución Nacional y del decreto reglamentario 222/2003.
La bancada de Juntos por el Cambio estaba en franca minoría en aquel entonces y el bloque del Frente para la Victoria, que reunía tanto al kirchnerismo como a los peronistas alineados con los gobernadores bajo la conducción de Miguel Pichetto, cuestionó en duros términos el intento del Gobierno.
Ante la imposibilidad de imponer los nombres, Macri decidió finalmente seguir el procedimiento constitucional y enviar los pliegos de Rosatti y Rosenkrantz al Senado, donde la bancada peronista se dividió: el kirchnerismo votó en contra de ambos.
En aquella sesión del 15 de junio de 2016, la designación de Rosenkrantz obtuvo 58 votos afirmativos y 12 negativos, mientras que la de Rosatti contó con 60 a favor y 10 en contra.
