El Plan Qunita, una de las más emblemáticas políticas de inclusión social del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner puesto en marcha en 2015 para evitar la mortalidad infantil por colecho, desactivada luego por la administración de Mauricio Macri, fue relanzada hoy en todo el territorio bonaerense.
En los seis meses que funcionó el plan nacional lanzado por la entonces Presidenta de la Nación para reducir la principal causa de mortalidad infantil entre los sectores de menores recursos se distribuyeron 74.408 kits a 289 maternidades en todo el país, de los cuales 43.600 (un 60 por ciento del total repartido) fueron entregados a las familias.
Durante el gobierno de Cambiemos, al compás del retiro del Estado en el diseño de las políticas públicas, esta y otras iniciativas pensadas como un equitativo punto de partida para el conjunto de la población, fueron desactivadas sin más y otras quedaron reducidas a su mínima expresión.
El kit diseñado por el fallecido joven Tiago Ares, en base a un modelo creado en Finlandia, estaba compuesto por un moisés de fácil armado, un conjunto de ropa, blanquería, sonajero, libro de instrucciones, libritos de cuentos, cremas y hasta preservativos, pero el objetivo central era reducir el colecho, que se produce principalmente en hogares humildes, donde habitualmente el bebé duerme con los padres, lo que en ocasiones ha causado muertes por asfixia.
Una vez asumido el gobierno de Cambiemos, el fallecido juez Claudio Bonadio dispuso la suspensión del reparto de ese beneficio en las maternidades y meses más tarde ordenó al Ministerio de Salud la destrucción de los moisés y sacos de dormir que había en stock, medida que no se llegó a concretar por una intervención de la propia justicia.
El reciente sobreseimiento de todos los procesados en la causa del Plan Qunita por inexistencia del delito volvió a visibilizar el programa puesto en marcha hace exactamente 6 años por Cristina Fernández.
El Tribunal Oral que debía juzgar a 18 procesados por supuestos delitos en el programa sobreseyó a todos los acusados, al hacer lugar a un pedido fiscal por inexistencia de delito.
«La judicialización de la política frenó un programa que salvaba vidas. Hasta esa denuncia, el programa había disminuido la mortalidad infantil en un 8,5%», evaluó tras la decisión judicial el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro en su cuenta de Twitter.
La medida de los jueces del Tribunal Oral Federal 8 benefició a exfuncionarios kirchneristas, como Aníbal Fernández, Daniel Gollan y Nicolás Kreplak, entre otros, y a empresarios que proveyeron los insumos para el kit.
Los jueces Adrián Grunberg, José Michilini y Ricardo Basílico ordenaron además levantar los embargos que había dictado en el caso el juez Bonadio.
El Tribunal resolvió dictar los sobreseimientos luego de un contundente dictamen de la fiscal de juicio Gabriela Baigún, quien demolió la denuncia original de la diputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña y -en base al análisis de dos pericias contables- concluyó que no hubo perjuicio para el Estado, aseguró que no fue direccionada la licitación y subrayó que el kit cumplía con el objetivo de lograr «un comienzo de vida equitativo».
«Pesará sobre su conciencia tamaña maniobra de especulación electoral y persecución judicial, que le costó la vida a miles de bebés de las familias más humildes de la Argentina», había evaluado De Pedro, y apuntó contra la «falsa denuncia» que paralizó el programa, realizada, entonces, por Ocaña, hoy segunda en la lista de diputados nacionales de Juntos, por la provincia de Buenos Aires, que encabeza Diego Santilli.
A menos de dos años del cambio de Gobierno, el Plan Qunita fue rescatado y relanzado hoy en la provincia de Buenos Aires, durante un acto en Lomas, que estuvo encabezado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
En su presentación Kicillof informó la apertura de la inscripción en todo el territorio provincial para que las personas que estén cursando el primer trimestre de embarazo reciban el kit del plan oficial y estimó que el beneficio puede llegar a entre 75 mil y 90 mil personas por año que reciben la Asignación Universal por Embarazo. (Télam)
