El presidente Alberto Fernández demandará ante la justicia civil a la titular del PRO, Patricia Bullrich, luego de atravesar hoy, sin llegar a ningún acuerdo, la audiencia conciliatoria de rigor convocada a raíz de las declaraciones televisivas de la exministra de Seguridad, quien afirmó que el Gobierno nacional había buscado obtener “retornos” para promover la llegada a la Argentina de la vacuna contra el coronavirus elaborada por el laboratorio Pfizer.
La mediación se desarrolló de modo virtual y duró menos de media hora, tiempo que alcanzó para que ambas partes expresaran su voluntad de no conciliar y avanzar directamente al juicio.
El Presidente participó de la audiencia virtual desde la Casa Rosada, donde estuvo acompañado por el abogado Gregorio Dalbón; mientras que del otro lado la exfuncionaria del gobierno de Cambiemos se mostró acompañada por dos letrados.
El resultado de la audiencia no generó sorpresa en ninguna de las partes porque la exfuncionaria nacional ya había anunciado que no se rectificaría y desde el entorno del jefe de Estado habían adelantado que la mediación era solo un paso formal ineludible para poder formalizar la denuncia, que sería presentada el martes próximo.
La audiencia no fue más que una formalidad: no hubo saludo entre el Presidente y la líder del PRO, las partes solo se dirigieron a la mediadora, y así quedó cumplido el acto que habilita a Fernández a presentar la demanda por daños y perjuicios contra el honor.
La presencia del mandatario en la audiencia fue netamente “simbólica” ya que quien intervino fue su abogado, pero quería estar ahí para transmitir el mensaje de que no está dispuesto a permitir “que mancillen su honor”, señalaron fuentes del entorno presidencial.
La exministra de Seguridad había asegurado en una entrevista televisiva que el Gobierno intentó colocar un socio local en las negociaciones con Pfizer y aseguró que eso significaba el intento de obtener un retorno a cambio de comprar las vacunas elaboradas por ese laboratorio.
Los dichos de Bullrich fueron desmentidos por el propio laboratorio a través de un comunicado de prensa, primero, y por medio de sus representantes en una audiencia pública desarrollada en el Congreso de la Nación, después.
El pasado 8 de junio, el laboratorio Pfizer negó en la Cámara de Diputados que haya habido algún «pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios» en las negociaciones con el Gobierno nacional para la adquisición de vacunas contra el coronavirus y descartó tener «interés» en bienes naturales o reservas del Banco Central.
«En ningún momento hubo pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios», aseveró el gerente de Pfizer, Nicolás Vaquer, al exponer en una reunión informativa realizada en la cámara baja, en la que también aseguró que el laboratorio está haciendo «el máximo esfuerzo para traer la vacuna a la Argentina».
Las afirmaciones del representante del laboratorio estadounidense echaron por tierra las acusaciones vertidas las últimas semanas no sólo por Bullrich, sino también por otros dirigentes de Juntos por el Cambio.
El Ministerio de Salud ya presentó semanas atrás una denuncia ante la Justicia penal para que se investiguen las declaraciones de Bullrich.
La presentación fue formalizada por Gaspar Uriel Tizio, director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud, y quedó radicada en el Juzgado Federal 1, a cargo de María Romilda Servini.
Para el Ejecutivo, los dichos de Bullrich revisten hechos de gravedad institucional porque implican sembrar sospechas en las ya complicadas negociaciones para conseguir vacunas contra el coronavirus, en medio de una pandemia.
En tanto, el exministro de Salud Ginés González García también envió una carta documento a Bullrich para que se rectifique publica, lisa y llanamente de sus dichos y advirtió que de lo contrario la demandará ante la justicia civil y la denunciará ante la justicia penal.
