El fiscal general adjunto ante la Cámara Federal, José Luis Agüero Iturbe, reclamó que se reabra la causa por supuestas irregularidades en la licitación pública internacional para la construcción del Paseo del Bajo, en la zona porteña de Puerto Madero, que había sido cerrada por el juez Claudio Bonadio en diciembre pasado.
El fiscal Agüero Iturbe afirmó ante la Cámara porteña que se debe «investigar para saber si realmente nos enfrentamos a un fenómeno criminal, producto una vez más de la tramoya pública privada, o si realmente y conforme a prueba suficiente aquí no ha pasado nada».
Agüero Iturbe sostuvo con su presentación las apelaciones que habían presentado la fiscal Alejandra Mangano y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, en febrero, contra el fallo con el que Bonadio, poco tiempo antes de morir, había dictado los sobreseimientos del ex ministro de Transporte del gobierno nacional de Cambiemos, Guillermo Dietrich, y del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
En su escrito, que se conoció este miércoles, el fiscal ante el tribunal de apelaciones enfatizó en el hecho de que una de las empresas beneficiadas con las supuestas licitaciones irregulares fue IECSA S.A. en momentos en los que todavía estaba bajo las órdenes de Ángel Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri, informaron fuentes judiciales.
«La principal firma beneficiada con el irregular proceder en la licitación materializada para la obra aquí investigada no es otra que ‘IECSA S.A'», sostuvo el fiscal, que recordó que se trata de una empresa involucrada en las causas de los «cuadernos» y por posibles pagos de sobornos por parte del Grupo Odebrecht en el marco de la adjudicación de las obras del ferrocarril Sarmiento.
Cuando apeló el fallo del juez Bonadio, la fiscal Mangano dijo que la decisión del magistrado había sido «prematura» porque «no se agotaron las diligencias probatorias que debieron ineludiblemente adoptarse para estar en condiciones de dictar un temperamento liberatorio».
Además, se aludió a la existencia de «indicadores de direccionamiento de las licitaciones», que «permitieron abrir nuevas líneas para profundizar la pesquisa, en lo que respecta a las diferentes aristas de la maniobra».
Por ello evaluó que debe citarse a nuevos testigos, participantes del proceso licitatorio, «para corroborar o descartar información emanada de la documentación» del caso.
La denuncia se presentó el 25 de octubre de 2018 y está dirigida contra Dietrich, Rodríguez Larreta, Franco Moccia, Ángel Calcaterra y Carlos María Frugoni por supuesta administración fraudulenta.
En esas presentaciones se advirtió sobre un supuesto direccionamiento y sobreprecios en un tramo de la licitación que habría favorecido a IECSA.
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