Finalmente el Gobierno no pudo con la presión del establishment para asumir el control del sistema sanitario durante la pandemia del coronavirus como había sugerido el ministro de Salud, Ginés González García.

Durante una reunión con representantes del sector privado se alcanzó un acuerdo para armar una mesa de coordinación entre el sector público y el privado para dar una respuesta integral ante el aumento del número de casos de COVID-19 que se espera para el mes de mayo.

Los empresarios rechazaron de plano esa posibilidad e iniciaron una rápida campaña para frenar la iniciativa del titular de la cartera sanitaria. Según manifestaron, esta medida terminaría con “el derecho preexistente” e incluso algunos dudan de la “constitucionalidad”. Además, muchos se preguntan qué pasará después de esta situación de emergencia que presenta la pandemia. En consecuencia, no descartan presentar amparos judiciales.

González García, se reunió hoy con los representantes de Confeclisa, Acami, Adecra, Fecliba, Ademp y distintas obras sociales. Durante el encuentro, que se llevó a cabo en la sede al cartera sanitaria nacional, las autoridades sanitarias plantearon la necesidad de coordinar esfuerzos del sector privado con cada una de las jurisdicciones para poder hacer frente a la sobredemanda de camas críticas que se estima serán necesarias.

“La histórica diferencia entre los subsectores y la falta de coordinación debe ser superada por las necesidades del país y circunstancias actuales. Juntos y coordinados con todo el apoyo del Estado nacional para todos vamos a tener mejores resultados”, sostuvo el ministro.

“Es necesario que junto con la coordinación de entidades científicas, expertos y gobiernos, también estemos coordinados los que brindamos servicios públicos y privados en todo el país y para toda la población”, destacó González García.

Ayer, el Gobierno había dejado trascender la idea de firmar un decreto que ponga bajo la dirección del Ministerio de Salud todos los recursos sanitarios públicos y privados del país

Así lo adelantó ayer el ministro de Salud, Ginés González García, durante la reunión virtual con la Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados.

 La idea original implicaba una virtal estatización temporaria del sistema de salud privado de la Argentina, vidente mientras dure la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus.

El titular de la cartera de Salud le había adelantado a los legisladores que estba «propiciando» la firma de un DNU para declarar de «interés público» a «todo recurso sanitario de la Argentina» para que exista «un tratamiento igualitario para todos los argentinos» durante la pandemia de coronavirus.

Dijo que se trataba de una extraordinaria que le permitiría al país contar «no sólo con los insumos sino el conocimiento» de todos los centros de salud. 

Lo cierto es que el lobby de las prepagas y de los sectores altos de la sociedad pudo más que la idea que tenía el ministro y finalmente se tuvo que conformar con un estadio intermedio.

Hoy, al final de la reunión, el ministro dijo estar “muy satisfecho” por el compromiso contraído por las entidades presentes y resaltó el “diálogo permanente” que se tiene con todos los sectores –prepagas, obras sociales y la seguridad social– en esta situación excepcional y abogó por “mantener el contacto” para generar los instrumentos que permitan hacer frente a esta emergencia nacional en la que “todos estamos comprometidos” para tener el menor impacto posible en la salud de la población.

En ese sentido, las autoridades nacionales se comprometieron a trabajar en conjunto algún instrumento a definir que declarará a todo el sistema de salud con fines públicos.

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