Como si nada tuviera que ver en el reciente golpe de Estado perpetrado contra el gobierno de Evo Morales en Bolivia, la Organización de Estados Americanos, organismo afín a las derechas latinoamericanas y los intereses regionales de Estados Unidos, reúne esta tarde a su Consejo Permanente para tratar la cuestión Bolivia donde el organismo, que conduce hace años el uruguayo Luis Almagro, tuvo un rol protagónico en los acontecimientos que vivió el país del Altiplano en las últimas semanas.
Así tal, la Presidenta del C.P. de la OEA, Embajadora Rita Claverie Díaz de Sciolli, Representante Permanente de Guatemala, convocó a una sesión extraordinaria para las 3:00 p.m (hora Washington) a a solicitud de las Misiones Permanentes de Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Perú, República Dominicana y Venezuela con el propósito de considerar la situación en Bolivia.
El convite golpista se celebrará en el Salón Libertador Simón Bolívar y tendrá como objetivo considerar el polémico informe del análisis de integridad electoral de las elecciones generales en el Estado Plurinacional de Bolivia del 20 de octubre de 2019 por parte del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral. Informe que fue punta de lanza del golpe ya deliberadamente orquestado para sacar a Morales de su legítimo cargo.
Lo cierto e irrefutable es que después del triunfo electoral de Evo por más de diez puntos, la OEA convalidó los reclamos opositores de Meza y Camacho para la anulación de las elecciones, debido a irregularidades que se encontraron en una reducida cantidad de las actas electorales en una auditoría que había solicitado el propio Morales. Esta -relata el historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University, Javier Buenrostro, «siempre fue una medida diseñada para que la oposición desplegara una narrativa de fraude electoral y sus protestas ganaran tiempo y oxígeno para que la desestabilización creciera.
El discurso de la Organización de Almagro pasó rápidamente de irregularidades a fraude a pesar que instituciones como el Center for Economic and Policy Research (CEPR) con sede en Washington señaló que «ni la OEA ni ningún partido político pudieron demostrar irregularidades sistemáticas o extendidas en las elecciones del 20 de octubre».
Pese a no existir evidencia de un fraude electoral, Evo convocó a nuevas elecciones respondiendo a algunos cuestionamientos legítimos y a muchas protestas orquestadas. La OEA no tuvo ningún reconocimiento de la acción a pesar que esta medida era lo que pretendidamente se buscaba en un principio. Mantuvo un silencio sepulcral que le dio tiempo a los opositares de perseguir a los miembros del MAS y a los militares de ponerle el ultimátum al líder indígena. Después del pronunciamiento militar nuevo silencio, dejando en claro su aprobación al golpe de Estado mientras el mundo entero protestaba por la situación en Bolivia.
En las horas subsecuentes y gracias a esta complicidad de la OEA, el Ejército salió a las calles y desató una feroz represión contra los seguidores de Morales, sobre todo en La Paz y el Alto. Ante el peligro que corría su integridad física, México decidió ofrecer a Evo asilo político que aceptó por lo que el gobierno mexicano mandó un avión a Bolivia por él.
La reunión del Consejo Permanente de la OEA que se realizará esta tarde seguramente seguirá la hoja de ruta que defiende los intereses particulares de Estados Unidos y convalidará el proceso golpista que sacude al hermano pueblo boliviano en pos de instaurar un régimen afín a los intereses de Washington. Los recursos naturales de Bolivia son, sin lugar a dudas, el objetivo perseguido por los grandes capitales y la idea que sigan en manos de un gobierno popular no están en la agenda del poder real.
