Una operación tan peligrosa como maquiavélica se estaría gestando en las altas esferas del poder para gobernar a los jueces. Según pudo saber este medio, la “mesa jurídica” del Gobierno va por los 8.000 millones de pesos de la obra social del Poder Judicial.
Sucede que controlando la caja que paga las prestaciones de servicios de salud que utilizan los magistrados y sus familias, el Ejecutivo tendría en su manga una carta que, hasta ahora, nadie se atrevió a jugar.
Según el informe presentado con el traspaso de la Presidencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene un fondo de 26.000 millones de pesos en reservas. De esa cifra, más de 8.000 millones corresponden a la obra social del Poder Judicial.
Esta es la caja que disputa ahora la famosa “mesa jurídica” del Gobierno, que ha sugerido al presidente del cuerpo Carlos Rosenkrantz, la realización de una auditoria; y así figura en la nota que presentó la espada de Cambiemos, Elisa Carrió ante el máximo tribunal y que fuera rechazada inmediatamente.
Pero no solo es esa caja, también va en busca del poder de la obra social, que contrata con las clínicas de todo el país, los medicamentos con los laboratorios, los servicios médicos, asistenciales, y las emergencias médicas. No es solo presupuesto, sino de la posibilidad además de atender a los jueces y sus familias en situaciones difíciles.
La mesa jurídica que asesora a Macri la integran, entre otros, Pablo Clusellas (secretario Legal y Técnico), José Torello (jefe de asesores del Presidente y amigo personal), Fabián “Pepín” Rodríguez Simón (abogado personal de Macri), Bernardo Saravia Frías (Procurador del Tesoro) y el ministro de Justicia, Germán Garavano. También tienen fuerte injerencia el marginado exvicejefe de Gabiente, Mario Quintana y Elisa Carrió, quienes habrían diseñado la operación de pinzas con la que buscan «apretar» a los magistrados.
Fuentes judiciales que pidieron mantener reserva denunciaron que, esta “mesa jurídica” va por eso, por el millonario fondo que maneja la obra social y el poder que implica estar encima de los jueces y poder doblegarlos cuando se encuentran en situaciones de vulnerabilidad por cuestiones de salud propias o de su familia.
La obra social tampoco ha sido ajena a la intención del Gobierno de designar, de la mano de Rosenkrantz, personas que responden al Poder Ejecutivo en distintos lugares de la Corte. Así como lo hizo en casi todas las áreas del tribunal, también lo ha hecho en la obra social.
Hoy la obra social del Poder Judicial está en manos de Aldo Tonón, su presidente. Tonón es peronista, trabajó con Ginés González García y luego pasó a la Corte Suprema, por sugerencia de Juan Carlos Maqueda, de quien depende la obra social en la organización interna de la Corte.
