Los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli pidieron este miércoles la detención del empresario Paolo Rocca y del exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, procesados por asociación ilícita en el marco de las fotocopias de los cuadernos del chofer Oscar Centeno por el pago de sobornos en obra pública.
El pedido de los fiscales también abarca al exsecretario de Abal Medina, Hugo Martín Larraburu, y los empresarios Alberto Padoan y Rubén Aranda.
Los fiscales argumentan que Bonadio procesó sin prisión preventiva a Rocca, Abal Medina, Larraburo, Padoan y Aranda sin fundamento.
«Se ha probado que los hechos juzgados ostentan las notas distintivas de las prácticas organizadas de corrupción estatal y empresarial, ideadas, planificadas y perpetradas desde las altas esferas del poder público», sostuvieron los fiscales en el dictamen que será analizado por la sala I de la Cámara Federal para decidir si hace lugar o no al pedido.
Los camaristas Leopoldo Bruglia y Carlos Bertuzzi intervendrán para resolver si confirman o no los procesamientos dictados por Bonadio, y eso incluye la decisión de dejar en libertad o dictar prisión preventiva en cada caso.
Por eso los fiscales pidieron al Tribunal de Apelaciones que confirme los procesamientos de Rocca, Abal Medina y los demás acusados, entre ellos, el titular de la Bolsa de Comercio de Rosario -ahora con licencia- Alberto Padoan, Hugo Martín Larraburu, y Rubén Aranda, pero que les dicte la prisión preventiva.
Además, reclamaron esa decisión «sin perjuicio de la posibilidad de estarse a la libertad provisoria ya dispuesta para algunos de ellos».
Los roles de los acusados «adquieren una singular trascendencia puesto que ayudaron a estructurar un esquema de organización que excedió el mero acuerdo de voluntades de quienes decidieron participar», agregaron los fiscales.
La fiscalía aludió a un «pacto ilícito acordado entre funcionarios y empresarios», de cuyos «beneficios muchos de ellos se valieron o usufructuaron».
Al conocerse el requerimiento de los fiscales ante la Cámara, fuentes de la empresa Techint informaron que «se trata de una apelación de los fiscales en relación al fallo del doctor Bonadio, que deberá resolver la Cámara Federal oportunamente. Esta apelación no tiene ningún efecto en la situación procesal de Paolo Rocca».
