Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte Suprema de Justicia

El ex abogado de Clarín, Carlos Rosenkrantz, que el presidente Mauricio Macri puso en la Corte Suprema de Justicia y que llegó a la presidencia del máximo tribunal mediante acuerdos espurios y fallos controversiales con parte de ese cuerpo, tiene frenada una presentación sobre la que la CSJ deberá decidir en las próximas semanas. Se trata de un fallo que podría beneficiar a más de 150 mil jubilados y significaría una suma de dinero que Nicolás Dujovne no quiere aflojar.

Se trata de una causa iniciada por el jubilado Luis Osvaldo Blanco, quien en 2003 se jubiló con un haber muy inferior a lo que le correspondía (algo que le sucede a una gran parte de los pasivos). Según un fallo de la Cámara de Seguridad Social, la ANSES debería pagarle una jubilación 31% más amplia de la que está recibiendo.

Los jueces ordenaron que se aplique el índice de Salario Básico de la Industria y la Construcción en lugar del la Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estables que fijó la ley promovida por el gobierno nacional.

Finalmente el caso llegó a la Corte y, tras un fuerte debate, tanto el extitular del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, como Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti tienen previsto votar a favor y le solicitaron a Rosenkrantz que se resuelva el caso. Sin embargo, los papeles continúan cajoneados por el presidente del Tribunal, todo un soldado de Mauricio Macri que acusó recibo del pedido de la Casa Rosada.

En tanto, en Balcarce 50 cuentan también con el apoyo de una reciente socia del oficialismo en la Suprema Corte: Elena Highton de Nolasco.

El motivo principal del rechazo en el Poder Ejecutivo es que la norma significaría destinar una parte del alicaído presupuesto nacional a un caso que, para colmo, no movería la aguja electoral en un tiempo en que Cambiemos busca la vuelta para que todo lo que hace o haga en materia de dinero sea destinado a ganar votos con miras a las elecciones de 2019.

La situación provoca controversia porque si bien el fallo solo afectaría positivamente al jubilado demandante, al mismo tiempo abriría la puerta a múltiples presentaciones, que se calculan en más de 150 mil.

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