Mediante una solicitada que recolectó miles de adhesiones, los ex presidentes Lula da Silva (Brasil), Dilma Rousseff (Brasil), Rafael Correa (Ecuador), José «Pepe» Mujica (Uruguay), Ernesto Samper (Colombia) y Manuel Zelaya (Honduras) reclamaron por el cese de la «persecución política» en el país
Con el título «Democracia sin proscripciones», el escrito -publicado hoy en diarios nacionales- recuerda que «los peores momentos que nos tocaron vivir como sociedad fueron cuando atravesamos etapas de persecuciones, proscripciones, prohibiciones y revanchismo».
La solicitada advierte que en el continente «se está avasallando el Estado de Derecho» y que «el riesgo tiene hoy dimensión regional, en la persecución y proscripción de ex Presidentes y ex Presidentas, dirigentes sociales, sindicales y políticos que se oponen a las políticas de ajuste».
«Los y las abajo firmantes, que provenimos de distintas tradiciones y culturas políticas, a la vez que actuamos en diferentes ámbitos del quehacer nacional e internacional, tenemos en común no sólo compartir valores y principios democráticos sino también guardar una misma memoria histórica». reza en el comienzo el texto.
Sabemos que los peores momentos que nos tocaron vivir como sociedad fueron cuando atravesamos etapas de persecuciones, proscripciones, prohibiciones y revanchismo.
Porque no queremos volver al escenario de esas tragedias es que alertamos sobre los peligros que acechan cuando se avasalla el estado de derecho, pasando por encima del debido proceso y de las garantías en juicio.
Ese riesgo tiene hoy dimensión regional, en la persecución y proscripción de ex Presidentes y ex Presidentas, dirigentes sociales, sindicales y políticos que se oponen a las políticas de ajuste que recaen sobre nuestros pueblos.
Argentina no está exenta de esa práctica y la persecución política que vive la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner desnuda una estrategia global de ataques al campo popular y progresista que pretende construir mejores realidades para todos.
No permitamos que esa forma de violencia institucional vuelva a poner en riesgo el futuro de la paz y la democracia de Argentina.
