Durante la tarde de este viernes se dieron a conocer los detalles del acuerdo del Gobierno argentino con el Foro Monetario Internacional, el texto completo es el informe que el staff del FMI elevó al directorio del organismo el mes pasado antes de que se definiera la aprobación final del crédito Stand By de US$ 50.000 millones a nuestro país.
Se trata de una hoja de ruta que sintetiza las negociaciones mantenidas en Washington con los funcionarios argentino previas a la firma del acuerdo.
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Los puntos mencionados en ese documento no son necesariamente de cumplimiento obligatorio para la Argentina, pero si una suerte de guía para que el gobierno se mantenga dentro de los lineamientos del organismo multilateral.
El objetivo, como es de público conocimiento, busca reducir el déficit fiscal y para ello el FMI indica:
– Racionalizar el gasto público, con una baja del 15% en términos reales y continuando en 2019.
– Recortar las erogaciones en salarios de empleados estatales mediante un recorte de puestos «no prioritarios» y congelar luego las contrataciones en el sector público en 2019 y 2020, excepto en universidades.
– Poner un tope del 8% al incremento nominal de los salarios en el Estado entre junio de 2018 y junio de 2019.
– Mantener «la tasa promedio de impuestos a la exportación de productos de soja» en 25,5%. Es decir, no seguir bajando las retenciones.
– Postergar hasta 2020 la implementación de algunos puntos de la reforma tributaria (reducción de cargas laborales para los empleadores y posibilidad de deducir impuesto al cheque del impuesto a las Ganancias)
– Reducir aún más lo que denominan «subsidios ineficientes» a la energía y el transporte.
– Vender tierras e inmuebles de Estado y «amortizar» los activos en fondos de pensión (el FGS de la Anses) para financiar el pago de juicios por jubilaciones.
– Reducir las transferencias a empresas estatales un 15% en 2019, y realizar esfuerzos para fortalecer su posición financiera.
– Recortar las transferencias a las provincias un 1,2% del PBI en 2019, y asegurar que esa reducción se complete con ajustes en los gastos provinciales en bienes, servicios y salarios. De ese modo, se lograría que la reducción del déficit fiscal se refuerce a nivel provincial.
– Recortar un 0,6% del PBI el gasto en capital, a la espera de que los proyectos en la modalidad PPP (participación público privado) permitan mantener el nivel de actividad en obra pública.
