A través de varios llamados a licitación, la administración de Cambiemos viene realizando un proceso de tercerización de los archivos del Estado. Una de esas compulsas envuelve un potencial caso de conflicto de interés para Carolina Stanley por la contratación desde el Ministerio de Desarrollo Social de una empresa en la que su padre fue, hasta hace poco más de dos meses, su director titular.
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El 26 de mayo del año pasado, venció el plazo para que los oferentes se presentaran para brindar un «Servicio de Archivo Externo, Traslado de Documentación y Adquisición de Cajas para Archivo» de Desarrollo Social (proceso 95-0003-LPR17 en el sitio oficial de contrataciones Compr.Ar). Se presentaron siete firmas y quedaron tres tras la intervención de la comisión evaluadora el 8 de agosto, entre ellas AdeA Administradora de Archivos S.A., preadjudicada por tener la oferta más baja.
Al día siguiente, el 9 de agosto, según el edicto publicado en el boletín oficial, en asamblea renunció la cúpula de la compañía: Guillermo Eduardo Stanley, ex Citibank y hoy en el Banco Macro, fue nombrado su director titular.
Recién casi tres meses después, el 31 de octubre, ya con el padre de la ministra Carolina Stanley en el directorio, se perfeccionó el contrato entre AdeA y Desarrollo Social por $ 3.241.843,80. Es un acuerdo a «compra abierta», explicaron en la cartera, es decir que no se paga todo junto sino que se va abonando a medida que se encargan sus servicios. En este caso, se trata del resguardo de documentación y expedientes que son archivados en cajas en un depósito externo.
Desde el Ministerio, primero, aseguraron desconocer la vinculación de Stanley padre con AdeA. No fue registrada en la declaración jurada de conflictos de interés que presentó la empresa, documento que debe firmar todo oferente en las licitaciones del Estado.
En segundo lugar, argumentaron que AdeA, que había obtenido un contrato en 2014 bajo la gestión de Alicia Kirchner, ya había sido preadjudicada antes del recambio de su cúpula del año pasado. No obstante, significa que desde entonces hasta el 25 de abril de este año, que Stanley padre renunció a su cargo, la cartera de la ministra fue librando órdenes de pago a una empresa que tenía a su padre como directivo.
Desde AdeA no contestaron el mensaje de EL CRONISTA para profundizar sobre el vínculo de Stanley padre con la firma. Nacida en 1998, AdeA pasó a manos de HC Corporation, fundada por Héctor Colella, quien fue nombrado como su «heredero» por Alfredo Yabrán, el empresario postal que se suicidó en plena investigación por el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. Colella fue electo presidente de la firma en la misma asamblea que Stanley.
Y también renunciaron juntos. Los Ministerios de Desarrollo, Trabajo y Ciencia; la Coneau (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) emplean los servicios de AdeA. Según los registros de Compr.Ar, lleva embolsados $15.487.157 en cinco contratos adjudicados entre mayo de 2017 y marzo de este año. Pero hace un año, en el boletín oficial se publicó otro más, por $ 20.341.856, con la Superintendencia de Servicios de Salud.
