Los metrodelegados le ganaron la pulsada al gobierno de la Ciudad y a la empresa Metrovías, luego de llevar a delante semanas con medidas de fuerza en rechazo a la paritaria que firmo la Unión Tranviaria Automotor (UTA), y tras una brutal represión de las fuerzas de seguridad porteñas y detenciones de varios delegados del gremio que conduce Beto Pianelli.
La Justicia hizo lugar a un planteo de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) y ordenó reabrir las paritarias e incluirlos en la negociación.
En abril, la UTA firmó sin los metrodelegados un aumento del 15,2% para los trabajadores del subte en tres cuotas; a pagarse un 5,7% entre marzo y julio, otro 5,7% desde agosto a noviembre y un 3,8% entre diciembre y marzo de 2019.
Desde el Gobierno porteño sostienen que la paritaria se acordó con «el gremio que representa al personal según la Corte Suprema de Justicia”. El vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, remarcó que el máximo tribunal le negó en un fallo la personería gremial a los metrodelegados.
El juez de primera instancia hizo lugar a un amparo de los sindicalistas y ordenó que los incluyan en la negociación.
Este miércoles el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso y Administrativo y Tributario Nº2 falló a favor de un amparo presentado por los metrodelegados. Así, habrá una mesa negociadora de la que participarán Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase), Metrovías, la UTA y la AGTSyP.
La mesa de negociación funcionará durante 60 días para acordar la paritaria salarial 2018. Como contracara, los metrodelegados no podrán llevar adelante medidas de fuerza durante ese período.
Por otro lado, la Justicia le ordenó al Gobierno de la Ciudad, a Sbase y a Metrovías abstenerse de incorporar a personal externo o interno no calificado para tareas de guarda y conductor. Además, dejó sin efecto las sanciones que aplicó durante el conflicto.
Los metrodelegados reclaman una suba del 25%, muy superior al acuerdo alcanzado con la UTA y una recomposición del 9% correspondiente a 2017. Por su parte, la administración de Horacio Rodríguez Larreta se niega a reabrir la negociación.
