Tras la muerte del joven Rafael Nahuel, herido con balas de plomo en el marco de una represión de la Prefectura Naval Argentina, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich había afirmado días atrás que los mapuches que estaban reclamando sus territorios ancestrales en la zona de Villa Mascardi tenían en su poder armas de fuego de “grueso calibre”.
Ahora, el juez Villanueva, que lleva adelante la investigación por la muerte de Rafael, desmiente las declaraciones de la Ministra. Según informa el sitio Nuestras Voces, en su presentación del caso el juez sostiene que los mapuches “se valieron de la utilización de cuchillos y ondas de revoleo”. Nunca menciona armas de fuego ni de “grueso calibre”, como había expuesto en un comunicado el Ministerio de Seguridad.
Tampoco, según consta en el expediente, existen fotografías o algún tipo de evidencia que demuestre que las personas detenidas portaban armas de fuego.
Este hecho deja una conclusión clara en cuanto a la investigación por el fallecimiento de Rafael Nahuel: las únicas personas capaces de haber herido con balas de plomo al joven de 21 años son los efectivos del grupo Albatros de la Prefectura, portantes de las únicas armas de fuego que hubo en el lugar.
Si bien el juez desmiente el relato del Ministerio de Seguridad sobre la presencia de armas de fuego, sigue sosteniendo que Prefectura actuó en el marco de “un ataque” de la comunidad de la Lof, elemento difícil de sostener considerando que las fuerzas de seguridad venían llevando adelante una verdadera cacería desde el jueves y superaban en cantidad de personal y armamento al puñado de familias que reclaman por sus territorios ancestrales.
Además, y a pesar de sostener que los mapuches “atacaron” a las fuerzas de seguridad, el Juez no pudo hacerse con pruebas que permitieran imputar a los detenidos. Por tal motivo, González y Jones Huala fueron liberados luego de establecer el pago de una caución de 10 mil pesos y una serie de restricciones, entre las que se cuentan no poder acercarse a menos de 500 metros del territorio del Lof y tener que presentarse semanalmente a la delegación de la policía federal más cercada a sus domicilios.
Sin imputados, sin armas de fuego del lado de los manifestantes y confirmando entonces que a Rafael lo mató Prefectura, la concesión que hace el Juez al Ministerio de Seguridad, sosteniendo sin pruebas la existencia de un supuesto “ataque” a las fuerza represora, cae en el absurdo o se reserva como posible maniobra para garantizar la impunidad a los responsables.
