Finalmente, y tal como anticipara PDN, la polémica empresa de capitales españoles INDRA resultó adjudicataria del control del escrutinio provisorio de las elecciones de octubre próximo, en una operación escandalosa.
Es que el mecanismo por el cual la empresa se quedó una vez más, como viene ocurriendo desde 1997, con el control del conteo de votos, no respetó ninguna de las reglas legales que se deben tomar en cuenta para estos casos.
El Gobierno decidió sacar la licitación de la órbita de la Dirección Nacional Electoral -que depende del Ministerio del Interior- y pasarla al Correo, que por ser una sociedad anónima (aunque el cien por ciento de las acciones está en manos del Estado) puede contratar con mayor flexibilidad.
Además, el Correo incorporó como director de Asuntos Públicos al ex Director Electoral Alejandro Tullio, un conocido nexo de Indra en Argentina y que habría desembarcado en el macrismo por gestión de José Torello, asesor y amigo del presidente.
Finalmente Indra se quedó con el contrato a través de una compulsa de precios en la que sólo compitió otra firma: Smartmatic. La que desistió fue MSA, empresa conocida por aportar las máquinas del voto electrónico en la Ciudad de Buenos Aires y Salta.
Obviamente, todas estas irregularidades llevaron a los abogados de las otras firmas interesadas en el proceso a pensar en llevar a cabo acciones judiciales para impugnar la licitación, por considerarla direccionada a favor de Indra.
