Cristina Fernández
La expresidenta se comunicó con el hermano de Santiago para interiorizarse de la situación del joven que se llevó Gendarmería Nacional el 1 de agosto.

La estrategia esta planteada y en marcha. Todo vale para frenar a la expresidenta. El Estado y la corporación judicial ya pusieron a trabajar la arquitectura mediática y judicial para socavar la candidatura de Cristina Fernández. Todo el arco político opositor al kirchnerismo, intentará ensuciar a la única candidata que puede arrasar en la provincia de Buenos Aires y complicarle el panorama al gobierno, tanto como a los opositores que buscan colarse en la contienda electoral.

Ayer, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó un operativo en el Hotel Waldorf en busca de documentación relacionada con facturas apócrifas, en el marco de la denuncia realizada por la diputada Margarita Stolbizer y que pretende salpicar a Cristina.

Ahora, el fiscal federal Guillermo Marijuan pide una nueva indagatoria contra la ex presidenta. Esta vez, como responsable del presunto lavado de dinero por el que está preso el empresario Lázaro Báez.

Marijuan sostuvo que la fortuna que lavó Báez «claramente pertenecía a la ex mandataria» y dio por probado que eran «socios». Argumentó que si el nombre de ella no surge en ninguno de los negocios financieros de lavado (no hay pruebas donde aparezca) es porque «la persona políticamente más expuesta del país no podía figurar realizando las operaciones investigadas», y dijo que debió usar a «otras personas físicas y jurídicas» para permanecer oculta.

El fiscal presentó su pedido de indagatoria -un documento de 66 hojas- ante el juez de la causa, Sebastián Casanello, en una semana en la que Cristina Kirchner volvió al centro de la escena: acaba de presentar un frente propio para competir en las próximas elecciones y quienes la rodean dan por hecho que ella será candidata.

Hace 15 días, la Cámara Federal les había pedido al juez y al fiscal que investigaran en esta causa a la ex presidenta y a otros ex funcionarios, como Julio De Vido. «Es altamente improbable que esas ganancias ilícitas pertenezcan exclusivamente al patrimonio de la familia Báez», escribieron entonces los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah.

Marijuan no incorporó nuevas pruebas con su presentación. Siguiendo la línea trazada por la Cámara, explicó que el pedido de indagatoria «es el resultado de una evaluación integral de las pruebas colectadas» tanto en esta causa como en otros expedientes que la tienen imputada.

El fiscal dijo que si la ex presidenta «formó una asociación ilícita» para adjudicarle a Báez obras públicas y para garantizarle «la masa de dinero» que las solventó, «ello conduce, necesariamente, a afirmar que también participó junto con el nombrado en las acciones de lavado de dinero».

Sin embargo, es el timming lo que llama poderosamente la atención. La citación cae justo en simultaneo con el lanzamiento del nuevo espacio por el que competirá en las próximas elecciones «Unidad Ciudadana», y es a las claras una maniobra del partido judicial, que la tiene a mal traer desde que dejó el poder, para socavar su imagen de cara a las elecciones.

Sobre Cristina Kirchner pesan tres procesamientos. Uno en la causa del dólar futuro, donde la Cámara Federal confirmó el procesamiento y el juez Claudio Bonadio elevó el caso a juicio; otro como supuesta jefa de una asociación ilícita en la causa Los Sauces, y el último como acusada de haber direccionado contratos de obra pública en favor de Báez en Santa Cruz. Además, tiene un pedido de indagatoria de la fiscalía en el marco del caso Hotesur, por sus negocios hoteleros.

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