Por Gabriel Eiriz – @gabrieleiriz
La información que aportaría la justicia brasileña sobre el pago de coimas de Odebrecht sacude los cimientos del gobierno nacional. Es que los datos que empezará a recibir el jueves próximo la procuradora Alejandra Gils Carbó podría terminar de confirmar los acuerdos entre el macrismo y la constructora que, pese a haber tenido su apogeo durante la gestión kirchnerista, funcionarios y empresarios ligados al presidente ya saben de antemano que los salpicará de lleno. Es que el ladrón sabe que robó y si existe la amenaza de poner luz sobre secretos que se guardan bajo siete llaves, las esquirlas podría lastimar y mucho al oficialismo de cara a la contienda electoral de octubre.
Por este motivo, en los pasillos de Casa Rosada los funcionarios del gobienro van y vienen nerviosos de oficina en oficina preguntando, consultando y previendo la estrategias con la mira puesta en esas carpetas que llegarán a manos del Ministerio Público Fiscal, donde el Ejecutivo tiene poca influencia. Previendo que Gils Carbó tendrá en sus manos pruebas fehacientes de hechos de corrupción que seguramente dejará a más de uno bajo el lodo, la decisión es apuntarle justamente a la procuradora para deslegitimar su accionar de antemano.
En esa línea, todos los subordinados de Mauricio Macri ya saieron a recorrer los programas de televisión amigos con el discurso que «el gobierno es el primer interesado en que esa documentación salga a la luz». En ese setido, los periodistas ‘empleados’ de la actual gestión se suman a esta estrategia y buscan instalar que, la voluntad de Macri para abajo, es difundir información que ‘seguramente dejará a la vista de todos que fue el kirchnerismo el receptor de millones de dólares en sobornos que Odebrecht pagó en Argentina’. Pero con extrema reserva, ya se trabaja para acceder a esa documentación antes que se conozca su contenido. Lo que persigue el macrismo es acomodar las fichas de tal forma que el daño sea controlado e impacte de la menor manera posible al gobierno.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, ya advirtió que si «hubo coimas» de la empresa brasileña Odebrecht «en la Argentina fue a funcionarios kirchneristas» y exhortó a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a hacer «pública en forma inmediata» la información que le llegue de parte de la justicia de ese país sobre este caso.
Mientras tanto, Peña volvió a calificar de «mamarracho jurídico» las acusaciones de lanzadas por el «arrepentido» brasileño, Leonardo Meirelles contra el jefe de la inteligencia nacional e íntimo amigo del presidente, Gustavo Arribas, y reiteró que el Gobierno «es el primero» en estar interesado en que este tema se esclarezca.
Gils Carbó recibirá documentación de la Justicia brasileña sobre los sobornos de Odebrecht
En ese marco, hizo una advertencia a Gils Carbó, jefa de los fiscales, quien posiblemente a partir del jueves reciba videos y reportes de la justicia brasileña sobre la causa que involucra al holding Odebrecht.
«Creemos que la obligación de Gils Carbó, para eliminar cualquier sospecha, es si recibe (la información sobre coimas pagadas por la constructora de ese país) las haga pública en forma inmediata», manifestó Peña.
El funcionario macrista lanzó ese reclamo a la Procuradora pese a señalar que su accionar «claramente deja mucho que desear».
Y con el plan de atacar a la procuradoa en marcha, sostuvo que en algunas fiscalías «la sensación es de que se arrastran los pies y que no hay una actitud proactiva para investigar la corrupción del gobierno anterior, al que ella públicamente ha adherido».
Peña alertó que mientras Gils Carbó sea la responsable de los fiscales «y no se vean elementos claros de avance hacia la corrupción kirchnerista, al contrario, se vean maniobras que son poco claros y de buscar desviar la atención, vamos a tener una evaluación crítica» respecto de ella.
«Nosotros estamos mirando con atención lo que está pasando con el proceso judicial y la comisión investigadora que está trabajando en el Congreso, porque habría serios indicios de mala praxis en la función; pero eso en este momento está en manos de la comisión bicameral», expresó.
Con esta última afirmación, el máximo confidente de Mauricio Macri desnuda su verdadera intención, atacar a Gils Carbó y deslegitimar su accionar, antes que la información llegue a la Argentina. Si el gobierno puede hacerse de esa documentación lograría controlar el impacto y direccionarlo hacia sus oponentes políticos. Sin embargo, si queda en manos de Gils Carbó, podrían quedar pegadas figuras impensadas vinculadas al macrismo y la situación se haría irremontable.
A la estrategia se suma la jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, quien consideró que el caso Odebrecht era el hecho «global de corrupción más importante de la última década».
Alonso adelantó que la información detallada sobre el pago de coimas en el país «va a estar disponible para autoridades judiciales e incluso para autoridades administrativas como la Oficina Anticorrupción o la Procuración del Tesoro de la Nación, que ya va a estar requiriendo información a otros países». Esto puede leerse como ‘en manos de dependencias donde el PRO tenga mayor control en la difusión de la información.
«Sabemos que la ansiedad es importante, pero la información va a llegar», aseguró Alonso.
En ese marco, se adelanta a los hechos y advierte que sería «razonable que la gente esté alerta, atenta, y que esto no sea un espasmo porque estamos hablando del caso global de corrupción más importante de la última década«.
La dirigente advirtió que la Oficina Anticorrupción no se concentra «solo en analizar la prueba y tratar de incorporar nueva información», sino en «mirar con lupa la actuación de fiscales y jueces dentro de esta causa».
