La Oficina Anticorrupción que conduce la no abogada, Laura Alonso, tiene muy poco trabajo habida cuenta la enorme transparencia con que gestiona el actual gobierno. Según parece, esto ha motivado a la funcionaria a buscar algo con que entretener a sus aburridos y angustiados empleados. Las horas del día son largas y sentarse a mirarse las caras debe ser una pesadilla para los subordinados de la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Por este motivo la ex diputada habría pensado una idea brillante: seguir metiendo la cuchara en todo lo que tenga que ver con el gobierno anterior para lograr meter presa a la ex presidenta. Algo tiene que aparecer.
En esa línea, la especialista en temas de transparencia en la gestión pública decidió ir directo al hueso y abocar los recursos del Estado para la titánica tarea de investigar «los regalos de cortesía recibidos por la ex presidenta Cristina Fernández», que según Alonso, nadie sabe donde están registrados.
«No hay rastros en las dependencias del Estado del ícono de la Virgen de la Ternura, de la Catedral de Vladimir, que el papa Francisco le regaló a Cristina Kirchner en 2015», dijo la experta en Ética Pública.
Tampoco estaría asentada la mayólica que replica la placa con la imagen de la Plaza San Pedro en conmemoración de los 30 años de la mediación de Juan Pablo II en el diferendo limítrofe con Chile, que el Santo Padre le obsequió a la ex Presidenta en 2013.
En realidad, según Alonso no hay registros de ningún obsequio que hubieren recibido Néstor o Cristina Kirchner en sus años como presidentes y menos aún de los viajes protocolares que realizó el ex vicepresidente Amado Boudou cuando le tocó representar a la Argentina por el mundo.
Según fuentes vinculadas al gobierno kirchnerista consultadas por PDN, sí existe un registro donde se fueron asentando los obsequios recibidos en calidad de cortesía por la expresidenta.
Sucede que la Ley 25.188 de Ética Pública, en su articulo 18 recita que «los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones. En el caso de que los obsequios sean de cortesía o de costumbre diplomática la autoridad de aplicación reglamentará su registración y en qué casos y cómo deberán ser incorporados al patrimonio del Estado, para ser destinados a fines de salud, acción social y educación o al patrimonio histórico- cultural si correspondiere». Además prevé un valor máximo para los que el funcionario pueda quedarse a título pesonal, el resto debe pasar al patrimonio del Estado. Actualmente ese monto es de $4000. Esta ley se sancionó en 1999, pero el artículo 18 se reglamentó por decreto en noviembre de 2016.
Si Alonso logra hacer prosperar una denuncia contra Cristina por peculado a la malversación de caudales públicos, un delito que consiste en la apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado por parte de las personas que se encargan de su control y custodia, podría conseguir lo que hasta ahora Bonadío, Ercolini y Casanello no han logrado: «meter presa a Cristina Kirchner».
El peculado está tipificado en el capítulo VII del Código Penal de la Nación y prevé una pena de hasta 10 años de prisión e inhabilitación absoluta para el funcionario involucrado.
Claramente, Alonso parece encaminarse a lograr lo que nadie dentro del gobierno se atreve a decir en voz alta: «Meter presa a líder del kirchnerismo y borrarla del mapa político». Una tarea titánica sin ninguna duda, y algo complicada de lograr, pero bueno, hay que seguir probando, hasta que algo dé resultado.
