Tras fracasar en su intento por vetar la entrada al país a miles de musulmanes por decreto, el gobierno de Estados Unidos estableció este martes nuevas directivas para acelerar, potenciar y ampliar las causales de deportación de inmigrantes indocumentados, y decidió aumentar en 15.000 agentes la dotación de personal de los organismos de control aduanero y de fronteras.
Estas nuevas directivas no afectan de ninguna manera el programa decretado por el gobierno anterior de Barack Obama para proteger a más de 750.000 jóvenes inmigrantes que llegaron al país con sus padres cuando eran niños y desde entonces fueron escolarizados en Estados Unidos.
La prensa los bautizó dreamers (soñadores) y el propio Donald Trump reconoció recientemente que es uno de los temas migratorios más sensibles para él.
Sin embargo y pese a esa “sensibilidad”, el viernes pasado oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron en Seattle a un joven dreamer de 23 años que estaba empleado al amparo del marco del decreto firmado por Obama y que no tenía ningún antecedente criminal. El caso está ahora en la Justicia.
Lo que el gobierno presentó no es un decreto sino una serie de memorandos del Departamento de Seguridad Nacional que cambia la reglamentación de la Ley de Inmigración pero no la ley en si misma.
“El auge de la inmigración ilegal en la frontera sur ha sobrepasado a las agencias y los recursos federales y ha creado una significativa vulnerabilidad en la seguridad nacional de Estados Unidos”, argumenta una de las nuevas medidas firmadas por el secretario John Kelly, citadas por la agencia de noticias EFE.
Básicamente los memos buscan rescribir las prioridades que imponía el Departamento de Seguridad Nacional al ICE para decidir sobre las detenciones y deportaciones de inmigrantes sin documentos, algo fundamental en un país en el que se estima que viven ilegalmente alrededor de 12 millones de extranjeros, muchos hace años.
A poco de asumir, Trump prometió que daría la orden de deportar de inmediato a entre dos y tres millones de inmigrantes sin documentos, la cifra que él estimaba -sin presentar ninguna evidencia para justificarlo- eran criminales peligrosos.
Sin embargo, estas nuevas medidas de su gobierno establecen que los oficiales del ICE deben detener y deportar de inmediato a todos los inmigrantes sin documentos que fueron condenados por algún crimen o que son sospechosos de haberlo cometido.
Bajo la administración de Obama, la orden era concentrarse en aquellos inmigrantes sin documentos que fueron condenados por un crimen importante, por amenazas a la seguridad nacional o que hubiesen cruzado ilegalmente la frontera recientemente.
Ahora, según la nueva directiva de Trump, podrán ser detenidos y deportados aquellos que fueron condenados por hurto o por ofensas de tránsito, como cruzar un semáforo en rojo o estacionar en un lugar prohibido.
Las nuevas directivas también adelantan que el gobierno comenzará a ejecutar un apartado, hasta ahora ignorado, de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite a los oficiales del ICE deportar a México a cualquier inmigrante que sea detenido tras cruzar ilegalmente la frontera sur, aun cuando no sean ciudadanos mexicanos.
Esta norma es considerada de dudosa legalidad internacional y sin dudas provocará un reclamo de México, un país que está en pie de guerra con su vecino del norte por la política inmigratoria que impuso Trump desde que asumió hace un mes.
Según uno de los memos del Departamento de Seguridad Nacional, el ICE ejecutará este apartado cuando considere que el detenido puede volver a cruzar ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos.
Además, se dispuso la contratación de 15.000 agentes nuevos para controlar las aduanas y las fronteras, especialmente el límite sur con México, ya que como el propio Trump afirmó hace unos días durante la visita oficial del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, los cruces con el territorio del norte no preocupan a la Casa Blanca.
No es inusual que un gobierno emita este tipo de memos o directivas, como una forma de reformar una norma sin cambiar la ley, un procedimiento que requiere un capital político mayor y la participación del Poder Legislativo.
Como la oposición se negaba a modificar el código penal para frenar una política de encarcelamiento masivo que viene de la era de Ronald Reagan, Obama ordenó a su entonces secretario de Justicia, Eric Holder, que escriba una directiva para que todos los fiscales federales no concentren sus esfuerzos en condenar a detenidos por tenencia o consumo de drogas que no son violentos.
De esta manera y con otras reformas, Obama logró comenzar a reducir el número de presos en las cárceles federales, algo que no sucedía hace décadas en Estados Unidos, un país que concentra un cuarto de la población mundial detenida.
A diferencia de Obama, Trump cuenta con una mayoría aliada en las dos cámaras del Congreso para modificar la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Sin embargo, hasta ahora el flamante presidente estadounidense ha optado por avanzar su política migratoria a través de decretos y, ahora, directivas del Departamento de Seguridad Nacional.
