Con apoyo del massismo, el Frente para la Victoria se anotó un triunfo inesperado este miércoles en la Cámara de Diputados, donde logró demorar el proyecto del Poder Ejecutivo que establece un régimen de Participación Público Privada (PPP) para atraer inversiones y reactivar obras de infraestructura.
Cambiemos contaba con los votos del Frente Renovador y el bloque Justicialista para aprobar el proyecto con modificaciones y devolverlo al Senado. Sin embargo, una jugada del bloque presidido por Héctor Recalde, acompañada por el massismo y parte del bloque de Diego Bossio, derivó en el fracaso del proyecto, al menos por ahora.
La derrota del oficialismo se produjo al momento de votar una moción formulada por el “dipusindical” Abel Furlán, del FpV, para que la iniciativa volviera a ser tratada en las comisiones de Legislación General y Presupuesto.
Cuando Emilio Monzó se disponía a poner a consideración esa moción –justo antes de votar el proyecto de ley-, Recalde pidió que la votación fuera nominal. El presidente de la Cámara de Diputados dudó un instante, pero aceptó.
El resultado fue el peor para Cambiemos: 107 diputados se manifestaron a favor del pase del proyecto a comisiones, mientras que 105 lo hicieron en contra. El bloque kirchnerista estalló de alegría, mientras Monzó, incómodo, no lograba disimular su perplejidad.
En medio del desconcierto del oficialismo, el radical Hugo Marcucci pidió la palabra para aclarar que su voto era negativo. De ese modo, la votación quedaba empatada, 106 a 106. Pero ya era tarde. Los diputados del Frente Renovador se habían levantado de sus bancas, y Monzó dio por levantada la sesión.
“Fue un acto de deslealtad parlamentaria. Así se rompe la previsibilidad de cualquier tipo de acuerdo”, se quejó un diputado de la UCR, que recordó que horas antes, por pedido del Frente Renovador, se había aprobado la “ley FACA” para el ejercicio de la abogacía.
Desde el massismo aseguraron que había que trabajar más los cambios al proyecto de PPP y hasta hablaron de “venganza” por la reforma del Ministerio Público Fiscal, que naufragó esta semana por las diferencias internas de Cambiemos cuando el bloque de Massa había trabajado para consensuar el texto.
Lo curioso es que, minutos antes de la votación, el referente económico del Frente Renovador, Marco Lavagna, sostuvo que “no coincidía” en que “los cambios introducidos (al proyecto de PPP) sean cambios cosméticos”. Por el contrario, había destacado que “las modificaciones han sido sustanciales”.
En la misma sintonía se había expresado Diego Bossio, del bloque Justicialista, que finalmente votó dividido: los diputados Luis Beder Herrera, Rubén Miranda, Héctor Tentor y Néstor Tomassi se inclinaron a favor de la vuelta de la iniciativa a comisión, mientras que el resto de la bancada –incluido Bossio- se pronunció en contra.
Además hubo nueve abstenciones, de los progresistas Margarita Stolbizer, Hermes Binner, Alicia Cicialini, Graciela Cousinet, Victoria Donda, Lucila Duré, Federico Masso y Gabriela Troiano; y de Silvia Horne, del Movimiento Evita.
Un proyecto alterado que deberá esperar
El proyecto era fogoneado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y refuerza un decreto del expresidente Néstor Kirchner, el 967 de 2005, en materia de asociación público-privada.
El texto aprobado en el Senado establece que los contratos de PPP “son con el objeto de desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica”.
A pesar de que el texto original ya había recibido numerosas modificaciones en la Cámara alta, parte de la oposición en Diputados no estaba conforme: advertía que se continúa privilegiando al sector privado, y que además nuestro país cede soberanía.
De todos modos, Cambiemos había negociado hasta última hora del martes una serie de cambios para reunir los votos del Frente Renovador y el bloque Justicialista.
El oficialismo había concedido incorporar un apartado para garantizar el “Compre Trabajo Argentino”, que prioriza los bienes de origen nacional. Además, había aceptado que los contratos deban estar contemplados en la ley de Presupuesto –o, en todo caso, en leyes aparte-.
En otro de los agregados importantes, se iba a crear una comisión bicameral de seguimiento y control de las obras que se inicien bajo el régimen de PPP. Asimismo, se aclaraba que todas las contrataciones tienen que ser por licitación pública, y en función de determinados parámetros, relativos a la competitividad de las empresas y el impacto de las obras en la economía nacional.
Al abrir el debate, que se desarrolló con normalidad, el presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky (Pro), explicó que “si bien el Estado tiene un rol insustituible, la presencia del sector privado se hace cada vez más importante”.
El macrista apuntó que “en el mundo el sistema de PPP ha sido recogido por la mayoría de los países”, y puso como ejemplo en la región las normas que existen en Brasil y México.
“Estamos haciendo un nuevo aporte para solucionar los problemas de infraestructura que tiene la Argentina”, sostuvo Lipovetzky.
El exministro de Economía Axel Kicillof encabezó el rechazo del Frente para la Victoria al proyecto y habló de una “entrega del Estado”. “Nadie está de acuerdo con este proyecto”, disparó, al mencionar a los gremios industriales y la propia CGT, más allá de las modificaciones que introdujo el Senado, las que consideró “insuficientes”.
Para Kicillof, el proyecto “incuba la posibilidad de privatizar los servicios públicos, a través del subterfugio de las asociaciones público-privadas”. “¿Quién nos asegura que con este proyecto no tengamos más trabajo impulsado por los privados con una participación ínfima del Estado?”, se preguntó.
El chaqueño Juan Manuel Pedrini fue más duro y levantó aplausos de su bloque. “¡No podemos ser un Parlamento cipayo! ¡Basta de entrega!”, bramó.
Por su parte, la líder del GEN, Margarita Stolbizer, también cuestionó el proyecto, al considerar que “conlleva la ausencia de un plan de desarrollo a largo plazo”, y alertó que “solamente podrán participar (de las inversiones) las empresas que tienen una capacidad económica extraordinaria para hacer las grandes obras”.
La diputada ejemplificó que, en caso de que el Estado quiera construir 100 mil viviendas, podría llamar a 100 licitaciones de 1000 viviendas cada una, de modo que “sería más probable que ingresaran empresas pequeñas”. Pero, en cambio, con el proyecto del Ejecutivo “una sola empresa podría realizar las 100 mil viviendas”. “El costo sería el mismo, pero en el primer caso el Estado descentraliza”, explicó.
El radical Luis Pastori se puso al hombro las respuestas a las críticas de la oposición. “No estamos privatizando absolutamente nada, sino que se cambia la lógica”, aclaró, y agregó que “el Estado va a asumir ahora una mayor responsabilidad en la contratación”. Además, agregó que la posibilidad del arbitraje “no es la regla, es la excepción”.
Desde la izquierda, Pablo López denunció que “esta ley va a ser prácticamente la corrupción misma” y sostuvo que “forma parte de la gran impunidad que se da en beneficio de los grupos económicos”.
Carlos Heller, del Partido Solidario, también había solicitado que el proyecto volviera a comisión. “Ponen al Estado al servicio del sector privado”, dijo, y reclamó entre otras cosas que el texto “no establece como obligación la publicación de la licitación en el Boletín Oficial”, lo que “podría facilitar la concentración de la obra pública”.
