El fiscal Guillermo Marijuán le pidió al juez Ariel Lijo que abra una investigación para determinar el origen de los 50 mil dólares y 245 mil pesos que le robaron a la vicepresidenta Gabriela Michetti el 22 de noviembre de 2015 y de las donaciones de la fundación Suma, cuya titular también es la funcionaria.
El robo se mantuvo en secreto hasta que lo hizo público el semanario cooperativo Tiempo Argentino. Tras la revelación, Michetti declaró vía Facebook que el dinero provenía de donaciones para la fundación Suma y de un préstamo que le hizo su novio, Juan Tonelli.
Marijuán emitió el «requerimiento de instrucción» para indagar «la posible comisión de un delito de acción pública, sin perjuicio de la calificación que en definitiva corresponda».
Según la funcionaria, la cifra en pesos correspondían a la fundación y los dólares, al préstamo.
En este marco, Marijuán acogió favorablemente las denuncias presentadas por el abogado Leonardo Martínez y por los diputados Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade, y decidió impulsar la investigación.
Sobre la base de esa denuncia, Marijuán consideró que Michetti podría revestir la calidad de «imputada».
Al momento de la trascendencia pública del robo, la vicepresidenta detalló en su cuenta de Facebook y a través de diversos medios que «no» tiene «nada que ocultar» sobre el origen del dinero.
Además, en aquel momento, aseguró: «Creo que soy la política con menos patrimonio del país, tengo solo la mitad de mi casa y la otra parte es de mi hijo, no tengo cuentas en el exterior, no tengo cajas de seguridad, ni un auto tengo. No he crecido en patrimonio».
Según el dictamen al que accedió el portal minutouno.com, Marijuán solicitó imputar «prima facie» a la mandataria, «sin perjuicio de que nuevos elementos probatorios permitan individualizar a otros presuntos responsables de los hechos aquí develados».
Mediante un entrecruzamiento de llamadas, se decidió imputar hace unas semanas al policía David Juan Pablo Cruzado, asignado como custodia en el domicilio de Michetti la noche del robo.
