El bloque de diputados nacionales FPV-PJ, que preside Héctor Recalde, condenó hoy a través de un comunicado el arbitrario accionar del juez Claudio Bonadío y los ilegales allanamientos realizados en la provincia de Santa Cruz, que no tienen otro objetivo que el de continuar con la cacería de brujas contra la ex presidenta de la Nación Argentina Cristina Fernández de Kirchner en particular, y en general contra cualquiera que haya participado en el gobierno democráticamente elegido en 2003, y ratificado por el 47% de los argentinos en 2007 y por el 54,11% en 2011.
Todo este show mediático judicial pretende encubrir el vertiginoso proceso de empobrecimiento que está generando el plan económico del actual gobierno
Al menos desde el regreso de la democracia, no ha existido una persecución política como la que está sufriendo la ex Presidenta, instrumentada principalmente por un juez que porta un prontuario con innumerables pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura, y que actúa guiado por el revanchismo. Cabe recordar que Cristina Fernández de Kirchner le inició una querella y fue aceptada en tal carácter por la Cámara Federal. Bonadío debería excusarse y no lo hace porque no puede ni quiere ser imparcial.
Es grave también que un juez federal actúe en connivencia con los mismos medios de comunicación que desde hace años vienen hostigando a la ex Presidenta, que conocen los pasos a seguir en la instrucción mucho tiempo antes de que se vuelvan efectivos. Por tomar el último ejemplo, la información sobre los allanamientos de hoy insólitamente –o no tanto- fue anticipada anoche por el canal TN y ampliada esta mañana por el portal Infobae, antes de que se produjeran. Son tan burdas las operaciones, que la condena mediática se anticipa ya no a la condena judicial, sino al inicio de las investigaciones.
Todo este show mediático judicial pretende encubrir el vertiginoso proceso de empobrecimiento de trabajadores, clases medias y empresarios pymes que está generando el plan económico del actual gobierno. También es una velada amenaza que intenta disciplinar a la dirigencia política y sindical.
El show deja de lado el escándalo internacional de los Panamá Papers, que tiene al presidente Mauricio Macri no sólo imputado en una causa judicial, sino subido al podio de los mandatarios más corruptos del planeta. Pese a ello, no hemos visto que ningún juez se preocupe por allanar las casas o las empresas del actual presidente, de sus familiares, de sus amigos contratistas o de sus ex funcionarios que aparecen como directores de empresas offshore ubicadas en paraísos fiscales.
Es hora de que la caza de brujas termine. Es hora de que una instancia superior le ponga límites al accionar injustificable y repudiable del juez Bonadío. Es hora de que dejen de distraer a los argentinos y asuman la responsabilidad por lo que este gobierno está haciendo: quitarle recursos a los sectores populares para entregárselos vilmente a los actores más poderosos de la economía.
